En la medida que el nuevo Gobierno nacional ordene la macroeconomía, se abrirá el desafío de poner en marcha un marco unificado y coherente que evite relegar a los gobiernos provinciales a ser simples testigos del desarrollo nacional.
En la opinión de los miembros del Club Político Argentino, una asociación sin fines de lucro integrada por destacadas personalidades de la economía, el desarrollo económico y social tiene raíces territoriales, y esto es lo que determina que el desarrollo integral del país pase por sus economía regionales. En nuestro país tenemos algunos ejemplos tales como los software, servicios empresarios y de diseño y video en la ciudad de Buenos Aires; producción agropecuaria en la Pampa Húmeda; vino en Cuyo o industria aceitera en Santa Fe.
En base a este principio, organismos públicos nacionales como el Ministerio de Ciencia y Tecnología; la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, y el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, estuvieron trabajando en el desarrollo de programas que sería conveniente aprovechar en busca de no perder tiempo.
Un elemento clave del éxito de la construcción deliberada de la competitividad es el desarrollo de capacidades públicas en los niveles provincial y municipal, que es donde se puede asociar con sentido práctico el sector público, las empresas y las universidades. En ese sentido se ha llegado a la conclusión que las capacidades no deben ser de los gobiernos sino de la sociedad, que es donde mejor se da la ecuación ‘Estado-universidad-empresa’ para el liderazgo empresario.
La Argentina es un país con federalismo político y unitarismo económico. Esa contradicción no se resuelve con transferencias de fondos a las provincias que terminan en empleo público y planes sociales, se resuelve asumiendo el desafío de transformar las instituciones para facilitar el desarrollo, en cada provincia y región del país, de un sector privado legítimo, dinámico y competitivo, que sea independiente, tanto del gobierno como de las grandes corporaciones extranjeras, y cree empleos sustentables y bien remunerados.
Para que esto sea posible, el nivel nacional debe asegurar que el fruto del desarrollo local quede en el nivel local. Sin resolver esto, no existirán incentivos en los gobiernos provinciales para encarar el desafío y seguirá creciendo el empleo público.