El vicepresidente Julio Cobos pretende desafiar nuevamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al oficialismo, al anunciar que girará el proyecto de ley de radiodifusión, aprobado por Diputados, a cinco comisiones del Senado con el fin de ampliar más el debate.
La diferencia es clara, ya que el oficialismo pretende limitarla a dos comisiones para un tratamiento veloz. Así, el proyecto podría tener sanción definitiva en la primera quincena de octubre. Si, en cambio se envía a cinco, el tratamiento se dilata y en esta dilación el 10 de diciembre entra en las especulaciones del nuevo Congreso, sin mayoría oficialista.
No se debe ignorar la presión que tiene el vicepresidente como titular del Senado para intentar cambiar el curso del tratamiento de esta ley, considerada por el Gobierno como "la madre de todas las batallas". Tal vez por este motivo, hace unos días el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, públicamente le pidió que diera un paso al costado. El vicepresidente lleva ya 14 meses enfrentando este tipo de planteos e insinuaciones, y ha dicho que si desean que deje el cargo deben hacerle juicio político, el procedimiento constitucional establecido para destituir y desplazar tanto al presidente como al vicepresidente. Para ello se necesita una acusación fundada, la que debe ser resuelta por ambas Cámaras, y para poder destituir se requiere la mayoría especial de dos tercios.
Pero es claro que aunque el oficialismo mantenga la mayoría simple en Diputados, y eventualmente lo puede hacer en el Senado, dista de tener los dos tercios necesarios para votar la destitución. Históricamente, nunca en más de un siglo y medio desde la sanción de la Constitución Nacional de 1853, se sustanció un juicio político contra el vicepresidente y no parece fácil que se lo haga ahora.
Más allá de las cuestiones institucionales, se critica al vicepresidente aduciendo que se extralimita en sus funciones con operaciones políticas. Sin embargo Cobos busca un consenso nacional en momentos de fuerte tensión política. Es la diferencia con el gobierno, el cual sigue confrontando sistemáticamente, a veces pagando costos innecesarios.