Cuando se habla sobre población indocumentada, habitualmente se asocia la temática a la migración internacional informal y la condición de aquellos que se encuentran viviendo en el territorio nacional sin una identidad certificada en nuestro país. La ausencia de un Documento Nacional de Identidad (DNI) vulnera el derecho a la identidad de las personas, y al darse esta situación, otros derechos también se ven afectados. Los niños y niñas que no fueron registrados no existen para el Estado y por lo tanto, no pueden ejercer sus derechos de una manera plena.
La ausencia de un documento de identidad implica ser invisible para los registros estatales, situación que genera exclusión, profundizando y perpetuando las condiciones de pobreza y precariedad. La falta de garantía de este derecho relega a aquellos niños y niñas no registrados a un ámbito de discriminación y desventaja con respecto al resto de la sociedad. Se encuentran desprotegidos, sin ningún tipo de identificación que los ampare y sin posibilidades de recibir protección por parte del Estado, un obstáculo para el pleno desarrollo de sus capacidades, restringiendo severamente sus oportunidades para ejercer efectivamente el resto de sus derechos.
El 20 de noviembre de 1959 fue aprobada la Declaración de los Derechos del Niño en la Asamblea General de la ONU, sentando las bases de lo que treinta años más tarde sería la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorporó derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. En 1990 Argentina adhirió a la Convención mediante la Ley 23.849.
Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social que presenta la Universidad Católica Argentina, en 2011 se estima que el 1,6 % de los niños y niñas entre 0 y 17 años nacidos en el país no tenía DNI: aproximadamente 168.000 chicos. El sistema federal de gobierno que respeta las autonomías provinciales, obliga a que las provincias asuman el compromiso de llevar adelante programas de acceso a la identidad en el marco de los Registros Provinciales, junto con los municipios. La incorporación del problema del indocumentado en las agendas pública y política reposa fuertemente en la movilización que surja de la sociedad civil en sus diferentes acciones.