La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que representa a más de 1300 publicaciones en el continente, con sede en Miami, expresó su honda preocupación por un proyecto que se debate en el Congreso. De convertirse en ley, sería una directa injerencia del Gobierno nacional en la producción de papel para periódicos.
Prevé establecer una comisión gubernamental de control de la venta de papel, un registro oficial de la circulación de los periódicos y la prohibición de que sean accionistas de una empresa productora de papel, como Papel Prensa, aquellos medios gráficos nacionales o extranjeros que posean más del 10% de las acciones. El dictamen, aprobado en un plenario de cinco comisiones de Diputados, produce daños graves. Ante todo viola el artículo 32 de la Constitución nacional, donde se afirma que el Congreso "no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta”. Es la versión argentina de la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU y su objetivo es el mismo: si la libertad de prensa existe para criticar a los políticos y para informar a la sociedad sobre los actos de sus gobernantes, esa actividad debe quedar fuera del alcance de los políticos, para evitar represalias. Sin embargo, 78 representantes del pueblo argentino y quienes deberían ser defensores de la Carta Magna, no respetaron la Constitución.
El consumo de papel de diarios local es de 225.000 toneladas por año y es abastecido en un 76% por Papel Prensa, en un 2% por Papel de Tucumán y el restante 22% es importado. La capacidad de Papel Prensa, en condiciones normales, sería de 200.000 toneladas anuales, pero la actividad de producción de papel estará bajo el control de cuatro organismos: una nueva agencia, la Autoridad Federal, que sería similar a un Comfer de Papel Prensa, que puede aplicar sanciones y cuyo director es nombrado por el Poder Ejecutivo, sin garantías de independencia; una nueva Comisión Bicameral de Control; la Sindicatura General de la Nación, que depende directamente de la Presidencia, y la Auditoría General de la Nación. De este modo, toda la política supervisará la producción de papel, con el riesgo de que los diarios críticos no reciban el insumo. El proyecto oficial pregona la promoción de la prensa independiente y el objetivo de resguardar el acceso de todos los ciudadanos a las noticias, objetivos claramente incompatibles con la propia acción del Gobierno contra la prensa.
Toda la sociedad es quien debe defender la libertad de expresión, ya que de no existir o restringir a ésta, la democracia se debilita y consecuentemente el control ciudadano sobre los actos de gobierno.