Hace cien años se firmaba en La Haya la Convención Internacional del Opio, constituyéndose en el primer tratado internacional sobre el control de drogas. La convención acordó que los países firmantes debían realizar sus mejores esfuerzos para controlar, o para incitar al control, de todas las personas que fabriquen, importen, vendan, distribuyan y exporten morfina, cocaína y sus respectivos derivados.
El negocio de la droga se ha convertido en un flagelo mundial. En este último tiempo, las noticias provenientes de México causan pavor. La Procuraduría General de la República de ese país informó que han ocurrido 47.515 muertes vinculadas con las drogas, desde diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra el narcotráfico, hasta septiembre de 2011. En los primeros nueve meses de 2011, la cifra de las víctimas ascendió a 12.903, lo que demuestra que la tendencia va en aumento.
En nuestro país, las cifras no muestran una desaceleración del consumo, y se han hecho habituales las amenazas a jueces, como sucedió recientemente con los jueces federales de las provincia de Salta y de Jujuy. Por otra parte, el sistema de radarización dispuesto por el Gobierno, aún no funciona a pleno, lo que también es un punto débil en la tarea de control que les corresponde a los organismos pertinentes.
La encuesta de consumo de drogas realizada por la Sedronar en 2010, y cuyos datos se conocieron a mediados del año pasado, indica que unas 600.000 personas de entre 12 y 65 años declararon que habían consumido marihuana en ese año. Mientras tanto, un informe del Ministerio de Seguridad revela que los narcotraficantes perdieron en 2011 utilidades por más de 400 millones de pesos como consecuencia de las incautaciones. Tampoco es ajeno al fenómeno de la drogadicción, el de las enfermedades anejas a él. De hecho, el consumo de paco aumentó en el país los casos de tuberculosis, y particularmente se multiplicaron las internaciones de mujeres consumidoras de esa droga y con tuberculosis.
Por todo esto es necesaria y urgente la presencia del Estado, unida a la coordinación de políticas de salud pública entre los gobiernos nacional, provincial y municipal para detener este flagelo en vertiginosos crecimiento.