En primer lugar, la victoria de la coalición opositora fue tan aplastante que Maduro se enfrentaría a una explosión social si no reconoce los derechos de la nueva Asamblea Nacional. A pesar de competir con todas las reglas electorales en contra, la oposición ganó 112 de los 167 escaños, una mayoría de dos tercios que le permite convocar a un referéndum que podría conducir a la destitución de Maduro.
Irónicamente, el régimen chavista cayó en su propia trampa: había impuesto reglas electorales que beneficiaban enormemente a los distritos oficialistas, dándoles mucha mayor representación en el Congreso que a estados con mayoría opositora. Gracias a este sistema, el gobierno había ganado la mayoría legislativa a pesar de perder el voto popular en 2010. Pero esta vez, al gobierno le salió el tiro por la culata, porque la oposición arrasó en 20 distritos tradicionalmente chavistas, lo que le permitió ganar el 67% de las bancas con un 56% del voto popular.
El diputado opositor Julio Borges, candidato a presidir la nueva Asamblea Nacional me dijo que el tamaño de la victoria hará casi imposible que el gobierno desconozca la autoridad parlamentaria. ‘Fue un terremoto, el gobierno no podrá desconocer esta victoria, no sólo porque ganamos dos tercios del Parlamento, sino también por el hecho de que, por un margen de 2,5 millones de votos, la población pidió un cambio total en Venezuela’, expresó.
La segunda razón por la cual Maduro tendrá dificultades para restringir los poderes de la Asamblea Nacional es que, esta vez, no va a tener el apoyo automático de los países más grandes de América latina. En el pasado, cuando Chávez y Maduro abusaban de los poderes públicos para quitarle espacios a la oposición, Brasil, Argentina y otros países de la región miraban para otro lado.
Pero ahora, el nuevo presidente argentino Mauricio Macri ha dicho que pedirá sanciones diplomáticas contra Venezuela si Maduro no cumple con los compromisos de respetar los principios democráticos. Y la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, debilitada políticamente y con grave crisis económica, está suavizando su apoyo incondicional a Maduro.
Si Maduro hace un golpe de Estado en cámara lenta para despojar a la nueva Asamblea Nacional de sus poderes, la OEA podría invocar su Cláusula Democrática y pedir sanciones diplomáticas, como lo hizo cuando el expresidente peruano Alberto Fujimori disolvió el Congreso de su país en 1992.
La tercera razón por la cual a Maduro le será difícil suprimir o ignorar la nueva mayoría en el Congreso, es que el precio del petróleo que representa el 98% de los ingresos de Venezuela ha caído a su nivel más bajo en siete años, y es difícil que se recupere a corto plazo. Venezuela está en bancarrota, al borde de una crisis humanitaria, y el gobierno no tiene dinero para nuevos programas sociales que le permitan recobrar el apoyo de los descontentos.