La peor táctica del gremialismo combativo, que antepone a la población en sus reclamos laborales sectoriales, la puso en práctica ayer el Sindicato de Camioneros que agrupa a los choferes de las empresas transportadoras de caudales, dejando desabastecido el sistema de cajeros automáticos en este fin de semana.

El problema se magnifica en vísperas del Día del Padre y en razón del altísimo índice de asalariados que perciben sus haberes a través del sistema bancario que no pueden obtener dinero efectivo en las bloqueadas bocas de expendio. Para tener una referencia de los perjuicios que la medida de fuerza tiene en la ciudadanía, basta recordar que en San Juan casi el 90% de la masa laboral está bancarizada, desde el principal empleador, el Estado, hasta obreros de pymes y fincas de la provincia.

Las largas colas formadas ayer por gente que intentaba llegar al cajero antes de que se agotara su provisión, indicaban el malestar y la incertidumbre de una medida intempestiva donde la población vuelve a ser rehén del activismo sindical, como viene ocurriendo con la salud, la educación, el transporte y otras áreas prestadoras de servicios indispensables.

Tal como hemos señalado en este espacio, el derecho de huelga es una garantía constitucional que las autoridades deben respetar como todas las libertades amparadas por el Estado de derecho. Pero a su vez, las cúpulas sindicales están obligadas a plantear sus reclamos dentro del marco legal correspondiente, agotando cada instancia de las negociaciones y quedando la paralización de las actividades como último recurso y siempre que no perjudiquen a terceros. Este razonamiento no entra en la lógica del Sindicato de Camioneros dirigido por el titular de la CGT, Hugo Moyano, porque además de exigir para los choferes un 30% de aumento pide además una compensación económica por el gravamen de ganancias -mínimo no imponible-, y por el tope a las asignaciones familiares, todas cuestiones políticas que responden a la tensa relación del moyanismo con el Gobierno nacional.

Esto recién comienza, porque las amenazas incluyen la posibilidad de un paro nacional conjunto de todas las actividades representadas por el gremio, de 48 a 72 horas, es decir de casi todo lo que se moviliza sobre ruedas, como alimentos, combustible, recolección de residuos, diarios y correo, entre otros servicios básicos. La meta parece encaminada a fortalecer la pulseada con el oficialismo, con el mayor daño posible a la población indefensa.