La presidenta de la Nación intimó al Congreso para que avance, antes de junio, en la sanción de una ley contra el lavado de dinero, un proyecto trabado desde el año pasado por las diferencias entre el oficialismo y la oposición. De este modo, el Poder Ejecutivo da una señal para evitar la sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo dedicado a combatir el blanqueo de activos ilegales y el financiamiento del terrorismo.
Aunque en la Cámara baja el oficialismo está en minoría, esa bancada logró imponer un dictamen de mayoría. Lo que se propone es modificar el tipo penal que castiga el lavado de dinero, para que deje de ser una modalidad de encubrimiento, como hasta ahora, y pase a ser un delito autónomo. La oposición propone algunas medidas para que la Unidad de Información Financiera (UIF) adquiera más autonomía, planteando que las autoridades del organismo sean designadas por el Ejecutivo, pero que los postulantes integren una terna que surja de un concurso dirigido por un jurado de expertos. Se postula además, que las autoridades de la UIF tengan un mandato de seis años y que sólo puedan ser destituidas a partir de una consulta previa al Congreso.
Según estudios académicos, realizados por el criminólogo estadounidense Bruce Bagley, los grupos criminales y mafiosos se mueven con más comodidad en los países que cuentan con normas antilavado de dinero técnicamente adecuadas, pero sancionadas por Estados que no muestran la vocación política o no tienen los recursos necesarios para prevenir y combatir en forma efectiva las operaciones de lavado de activos. La combinación entre esa realidad y la ilegalidad producto de los espejismos legales de algunas jurisdicciones, funciona como una verdadera incubadora para el desarrollo de la delincuencia que procura al lavado de dinero.
Es de esperar que los legisladores se pongan de acuerdo en la sanción de un nuevo régimen antilavado que responda a los estándares internacionales exigidos.
En caso de no ser así, la Argentina podrá pasar a integrar la denominada "lista gris" de países no alineados en la prevención efectiva de este verdadero flagelo; con las consecuentes sanciones económicas y políticas de la comunidad internacional que trae aparejada tal condición. Y peor aún, de no ser así, el crimen organizado tendrá un motivo más, para elegir a nuestro país como jurisdicción adecuada para realizar sus actividades ilícitas. No sólo el gobierno, sino también la dirigencia deben reaccionar.