El presidente ecuatoriano Rafael Correa puso a prueba esta estrategia jugando su propia Copa del Mundo. En los horarios de mayor sintonía durante el Mundial, gastó una millonada en una campaña de propaganda televisiva bajo el lema "La libertad de expresión ya es de todos; la revolución ciudadana está en marcha”, acusando a los medios de mentir, fomentar la violencia, desestabilizar al gobierno y ejercer el periodismo con el único fin de ganar dinero. Con un estilo inconfundiblemente cínico, Correa siempre asume una postura de confrontación y revanchismo con los medios tratando de restarles credibilidad y blindándose ante denuncias e investigaciones sobre corrupción y opiniones críticas.
En Argentina el gobierno es más directo y sin tapujos a la hora de confrontar con la prensa. Cada vez que se denuncian actos de corrupción, los medios sufren ataques, desde inspecciones impositivas hasta complots contra sus sistemas de distribución y la fabricación de papel y sus periodistas son espiados. El reciente escándalo sobre la "embajada paralela” entre Buenos Aires y Caracas que escondía negociados y sobornos a espaldas de la Cancillería, desembocó en la renuncia del canciller Jorge Taiana, a quien Cristina de Kirchner le recriminó ser el único funcionario al que "la prensa no le pega”. Su reemplazante Héctor Timerman, calificó las denuncias de "conspiraciones mediáticas”.
En Venezuela, no estar en el halo protector del gobierno, ya sea en medios amigos o estatales, implica ser vulnerable a vejámenes y discriminación. De ello es consciente, el directivo de Globovisión, Guillermo Zuloaga, que salió del país para evitar el "enjuiciamiento” del presidente Hugo Chávez, quien lo acusó de desestabilizar la democracia; señaló la cárcel en el que lo hospedarían, anunció que expropiaría Globovisión; todo eso, sin la intervención de jueces, lo que demuestra procesos indebidos y justicia sin independencia.
El problema es que a veces, los medios suelen actuar en forma contestataria y se olvidan de hacer periodismo, convirtiéndose en actores políticos o simples propaladores de opiniones y denuncias, exponiéndose en la arena como oposición o adversarios partidarios, como sucedió en Guatemala, cuando el presidente Alvaro Colom acusó a periodistas de atentar contra la democracia.
Pero aún así, esa actitud poco cuidada de muchos medios no debería servirle de justificativo a los gobiernos para descalificarlos, ya que su deber natural en democracia es protegerlos. Cuando no existe esa protección de la libertad de prensa, lo que el público no comprende, es que tarde o temprano, se empiezan a reducir los demás espacios de libertad.
Por ello, la mejor contribución de los medios para desenmascarar el autoritarismo gubernamental, no es replicar opiniones o manejar los mismos hilos de la propaganda política, sino hacer lo que mejor hacen: buen periodismo; es decir, fiscalizar mediante la investigación, corroborar hechos, denunciar la corrupción, y desafiar al gobierno y al público con sus posturas editoriales.