Razones económicas y de competitividad han llevado a una nueva frustración en la búsqueda de consenso de los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) para imponer restricciones medioambientales a las industrias, con miras a reducir en una tercera parte la contaminación atmosférica, a partir de 2020.
La reunión de Luxemburgo pretendía imponer normas para las 52.000 instalaciones industriales de Europa, generadoras de más de la mitad de las emisiones dañinas. La regulación fue aceptada por Alemania, Austria, Irlanda y Francia, pero Polonia y el Reino Unido, entre otros miembros de la UE, exigieron excepciones que supondrían desventajas competitivas.
Las desinteligencias revelan la falacia de estas reuniones. La entidad ambientalista World Wide Fund for Nature (WWF) alertó que el texto sólo incluyo, entre las sustancias nocivas, al óxido de azufre o nítrico, pero no el dióxido de carbono (CO2), principal causante del efecto invernadero, lo que evitaría 13.000 muertes y ahorros anuales a la UE de hasta 28.000 millones de euros. La Comisión Europea justifica estas omisiones con la esperanza de poder alcanzar metas con mejores tecnologías en el futuro.
Suecia, que a partir de esta semana ejercerá la presidencia de la UE, confía en que las 16 grandes economías del mundo sean parte del acuerdo global que se espera lograr en diciembre en Copenhague, para sustituir al frustrado Protocolo de Kioto. Esas naciones son los que deben actuar como responsables del 90% de las emisiones mundiales, ha expresado el país nórdico, señalando una realidad irrefutable.