La producción agropecuaria es la principal fuente de riqueza e ingreso genuino de divisas, pero también es motivo de una histórica disputa con diferentes gobiernos por las pesadas cargas tributarias que aplican en forma directa o indirecta, los gobiernos nacional, provinciales y municipales. Esta situación que para el sector es una exacción, tuvo un pico conflictivo con la polémica Resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones.
Pero más allá de este enfrentamiento de las entidades rurales con las autoridades, ahora se conoce un estudio sobre los tributos y gastos que inciden en la renta agrícola, a partir de una investigación de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA). De acuerdo al trabajo el Estado se queda con el 76,3 por ciento de la renta agrícola por vía del pago de impuestos y contribuciones a distintas jurisdicciones, a lo que se suman los costos de intervención y pone énfasis al señalar que en por cada 100 pesos de renta que produce una hectárea en la pampa húmeda, el erario recibe, en forma directa o indirecta a través de subsidios a otras actividades de la cadena, un monto de 76,30 pesos.
El dato surge de la primera medición realizada por la entidad, correspondiente al mes de marzo último, tras contabilizar la suma de todos los impuestos y los costos de intermediación que debe encarar el productor local. Sostiene que sobre un monto total de 4.063,7 pesos que ofrece la renta por hectárea, un 68,2% se dispone el pago de impuestos nacionales (es decir unos 2.771,3 pesos) y otro 19,4% es para la renta de la tierra, o sea 787,2 pesos. Pero, además, el productor también debe atender el pago de otro 4,3% o $176,2 para el pago de la renta de explotación del capital invertido, otro 6% (249 pesos) por costos de intervención y debe destinar el 2%, $80 a las obligaciones provinciales.
De esta forma, el análisis de la Fundación arriba a que la participación del Estado en la renta agrícola ronda el 76,3%, aportando un monto de 3.100 pesos por hectárea en impuestos y costos de intervención.
Sería importante evaluar con la misma óptica, la situación fiscal de las economías regionales, como San Juan donde inciden, además, la logística y los fletes, por la gran distancia que separa al agro de los centros de consumo y los puertos.