El acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con los gobernadores provinciales para la devolución del 15% de la coparticipación federal de impuestos, retenido desde 2006 como aporte compulsivo para el financiamiento de la Anses, es sin duda histórico si se tiene en cuenta la transparencia de la negociación, que revierte décadas de imposiciones restrictivas en la transferencia de fondos a los diferentes distritos.
Vale recordar las sucesivas violaciones a lo ordenado por la Constitución Nacional en la reforma de 1994 en su sexta disposición transitoria, para establecer un régimen de coparticipación, conforme al inciso 2 del artículo 75, ‘antes de la finalización del año 1996”. Esta transgresión sistemática de los diferentes gobiernos que soslayaron a la ley de distribución equitativa que debió elaborar el Congreso, dio lugar al manejo discrecional de las asignaciones a las provincias, según el disciplinamiento político, como se vio en la última década.
Por ello la trascendencia de este último acuerdo federal, que implica una reparación histórica negociada hasta alcanzar consenso de partes, y cediendo posiciones para atender el bien común. La devolución gradual del 15% de los fondos retenidos durante el período kirchnerista, permitirá de ahora en más a las provincias tener previsibilidad presupuestaria para ejecutar obras de infraestructura, evitando el peregrinaje a la Casa Rosada para obtener recursos prebendarios.
Obviamente que los mandatarios hubiesen querido cobrar todo junto, y no en cuotas del 3% hasta 2020, pero también hay que valorar la predisposición del Gobierno nacional para reunirse con ellos a fin de discutir una forma de arreglo definitivo de la devolución, de manera automática y segura. La otra alternativa hubiese sido llevar el problema a la Justicia, con las implicancias de imaginar, particularmente en demoras con resultados inciertos.
Pero más allá de la transparencia de este arreglo, se debe valorar el marco federal en que se acordó, ya que son los primeros pasos para abandonar al unitarismo financiero y paternalista que nos legó la anterior gestión presidencial. Es que el interior del país ha sido desmantelado en recursos y eso se observa tanto en obras y servicios básicos como en la perversa concentración de beneficios en una nación macrocefálica sostenida con el empobrecimiento de las provincias.
Es de esperar, además, que el Poder Legislativo inicie cuanto antes el debate por la coparticipación definitiva, tal como lo indica nuestra Carta Magna.