La lucha contra la delincuencia en El Salvador suma otro capítulo con el fin de pacificar el país que desde hace décadas sufre la violencia.

Un informe confidencial de inteligencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador muestra que después de un año y medio de una campaña de detenciones de miembros de pandillas en el país, la institución cree que casi 43.000 pandilleros o personas presuntamente relacionadas con las bandas aún no han sido apresadas. El documento de 19 páginas, que fue reportado por primera vez por InSight Crime, obtenido de forma independiente por Reuters y confirmado como auténtico por la policía, se titula "Apreciación de las pandillas ante coyuntura del régimen de excepción" y está fechado el 1 de septiembre de 2023. 

Este señala que la policía cree que 42.826 personas, o el 36% de los presuntamente vinculados a las pandillas, aún no han sido detenidas. De ellos, más de 20.000 se consideran miembros activos de esos grupos delictivos. 

El informe plantea interrogantes sobre cuánto tiempo el Gobierno del país centroamericano pretende mantener la lucha contra las pandillas, sus cálculos sobre cuántos salvadoreños están vinculados a grupos criminales y qué tan estrechamente están conectados los más de 70.000 encarcelados con esas estructuras.

Estado de emergencia

El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso del país que aprobara un estado de emergencia en marzo del año pasado, suspendiendo varios derechos constitucionales a fin de capturar a presuntos delincuentes.

Desde entonces, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 72.000 presuntos miembros y colaboradores de pandillas, lo que sitúa al país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. El informe filtrado parece proporcionar información estatal interna poco común sobre la estrategia. La Presidencia se negó a hacer comentarios.

Algunos analistas y grupos de derechos humanos fueron críticos y dijeron que admitir que el Gobierno tiene tantos pandilleros todavía en libertad parece contradecir el mensaje de Bukele de que los que están en prisión merecen estar allí.

"El Estado está jugando con dos narrativas", dijo Noah Bullock, director ejecutivo del grupo salvadoreño de derechos humanos Cristosal. "Quieren decir que han derrotado a las pandillas, pero que también deben justificar que continúen con su represión violando los derechos humanos de los salvadoreños".

Medida popular entre los salvadoreños

El estado de emergencia ha sido muy popular entre los salvadoreños, cansados de décadas de violencia de las pandillas. Los defensores de la medida señalan una caída significativa en los homicidios y delitos como la extorsión y el tráfico de drogas, mientras analistas de seguridad coinciden en que ha asestado un golpe significativo a las estructuras criminales. Pero también ha sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que dicen que ha dado lugar a abusos generalizados y sistemáticos, como torturas, muertes bajo custodia y detenciones arbitrarias, particularmente de hombres jóvenes en los barrios más pobres.

En febrero de 2023, las autoridades salvadoreñas estimaron que quedaban unas 10.000 detenciones más por realizar, muy por debajo de las 43.000 personas mencionadas en el documento policial.

De los arrestados durante la campaña de detenciones, 1.230 son considerados líderes de algún tipo, y 41.673 como "colaboradores", la categoría más ambigua, es decir, el 54% de todos los arrestos, según el documento.

 

Por Nelson Renteria y Sarah Kinosian
Agencia Reuters