La construcción y explotación de un cuestionado como estratégico canal interoceánico en Nicaragua podría tener consecuencias ecológicas irreversibles, además de alterar el equilibrio geopolítico mundial al otorgar a China una herramienta fundamental para manejar el comercio global. El presidente Daniel Ortega, líder revolucionario seguidor de los postulados del chavismo, maneja discrecionalmente el segundo país más pobre de América latina, después Haití, y espera que el proyecto le brinde bienestar, prosperidad y felicidad a los nicaragüeños, sometidos en la pobreza y el estancamiento por guerras civiles y gobiernos marxistas.

El colosal Gran Canal, como se lo denomina, está calculado en unos 50.000 millones de dólares y debería estar concluido en 2020 uniendo el Atlántico con el Pacífico con un recorrido de 275 kilómetros (casi tres veces el Canal de Panamá), con un ancho de entre 250 y 500 metros y una profundidad de hasta 30 metros. Para superar los niveles, se prevén 12 esclusas que permitan el paso de embarcaciones de todo tipo y, según Ortega, habrá generosas inversiones para estimular el comercio con cientos de miles de empleos, zonas francas, desarrollo y ganarse un lugar estratégico en el mundo.

El contrato, adjudicado en los últimos días de diciembre sin licitación y luego de un rápido trámite del Parlamento copado por el oficialismo, no tiene consulta popular ni estudio de impacto ambiental, a pesar de que supera cinco veces al PBI y lo compromete por 50 años, más otros 50 de renovación y apropiarse de tierras afectando a más de 20.000 penosas.

La obra faraónica fue pactada por el hijo de Ortega con un desconocido empresario chino Wang Jin, de 41 años, sin ningún antecedente internacional que lo avale, quien podrá explotar el canal interoceánico con absoluta libertad. Se sumará una avalancha de mano de obra y empresas proveedoras chinas, como es habitual en cada emprendimiento que inician en el exterior.

Todo indica que el verdadero constructor es el Gobierno de China, a quien Nicaragua le estaría cediendo soberanía durante un siglo, un sueño impensado para el enorme mercado asiático que dispondría de un recurso para el tráfico interoceánico y la regulación del paso a terceros, teniendo en cuenta las limitaciones del Canal de Panamá.