El Hospital Garraham, de la Capital Federal, es el mayor complejo pediátrico de la Argentina y, como una de las pocas instituciones que atiende los casos más complicados del país, así como la formación de profesionales especializados, tiene un financiamiento especial con con aportes del Presupuesto Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según ha denunciado el Consejo de Administración, en los últimos 18 meses la institución sufrió un recorte de 450 millones de pesos en los fondos que debe girarle el gobierno porteño, como contrapartida de los nacionales. Desde mediados del mes pasado las autoridades del Garraham vienen solicitando al Gobierno de la Ciudad los recursos que tienen como destino el pago de salarios, luego de que la Legislatura porteña aprobara el 27 de agosto último una partida de 44 millones de pesos, de los 158 millones solicitados para estos gastos.

La anomalía pone en riesgo el normal funcionamiento de las diferentes áreas de alta complejidad porque los profesionales podrían abandonar sus tareas, poniendo en riesgo la atención de los pacientes, según los directivos, que califican la demora de las remesas como un acto de irresponsabilidad del Gobierno que castiga a los niños del país y a los excelentes profesionales y trabajadores del Garrahan.

El problema del centro de salud especializado en pediatría fue tema del debate de los candidatos presidenciales, el domingo pasado, y la justificación de la gestión a cargo de Mauricio Macri, fue sorprendente al equiparar la importancia del Hospital Garraham con el resto de los establecimientos sanitarios de esa jurisdicción, en relación a que todos merecen mayor presupuesto. Si bien la salud es un derecho fundamental de la población, que el Estado se obliga a garantizarlo por sobre cualquier contingencia presupuestaria, en el caso del citado hospital los recortes de fondos o la demora en girarlos, es una afrenta al país.

Esto no debe ser interpretado como una cuestión aislada sino como una emergencia nacional y por ello la Presidencia, los mandatarios y los legisladores provinciales, e incluso la Justicia, deben exigir el cumplimiento de la contrapartida presupuestaria porque está en riesgo el acceso a la salud pública de miles de niños de argentinos que son derivados de distintos puntos el territorio nacional a ese centro de excelencia.