La cuarta cumbre del Grupo de los veinte países ricos y en vías de desarrollo (G-20), que representa el 85% de la economía mundial, terminó por asumir la imperiosa necesidad de concentrarse en la lucha contra los grandes déficits presupuestarios acumulados durante los tres últimos años.

De acuerdo a los términos fijados en la declaración final de la reunión de Toronto, en la que participó la presidenta de Argentina, los miembros más desarrollados del G-20 se comprometieron a reducir al menos a la mitad sus respectivos déficits para el año 2013 y también a estabilizar la relación de sus deudas con respecto a sus PBI para 2016.

Hasta el final, la Administración Obama insistió en el peligro de arrinconar precipitadamente las medidas de estímulo económico, posición respaldada por Japón y Brasil. Para facilitar un acuerdo en el G-20, que hasta ahora había impulsado por consenso medidas de estímulo, reformas bancarias y un compromiso contra el proteccionismo comercial, ahora se habla de una consolidación diferenciada y ajustada a las circunstancias nacionales. Es que la deuda agregada de los países avanzados del G-20 representa este año un 107,7% de su PBI, casi tres veces más que la pronosticada para los países emergentes.

La declaración final indica que el sector bancario debe hacer frente a los multimillonarios costes asumidos por los contribuyentes a través de medidas de intervención y rescate. Pero se deja libertad a los países miembros para aumentar la presión fiscal sobre la banca. El documento se limita a confirmar la existencia de diferentes planteamientos para hacer que la banca contribuya de manera justa y sustancial a su propio rescate. Y que entre las posibilidades existentes, figura la opción de una tasa global. También indica que cada gobierno, de acuerdo a sus necesidades, podrá imponer niveles más altos de capitalización a sus respectivos sistemas bancarios, sin reiterar el plazo para este esfuerzo anteriormente fijado para 2012.

Lo lamentable es que en esa oportunidad los jefes de Estado prácticamente excluyeron el tema de la protección del medio ambiente, que siguen siendo prioritario. De la declaración final quitaron la aspiración a invertir más en energías sostenibles. Tras la debacle de la cumbre climática mundial de Copenhague, el problema, desgraciadamente, juega ahora un papel menor.