Existe en la humanidad dos libros que por su carácter ecuménico contienen plasmados la objetividad y el saber inequívoco del tránsito de las grandes y pequeñas ideas y las grandes y pequeñas obras de que es capaz el hombre. Ellos son el Libro del Tiempo y el Libro de la Historia. Esta referencia introductoria es necesaria por cuanto en sus páginas encontraremos una fecha que marcó el comienzo de una era en germen de lo que es Educación para una pueblo y una nación carente de ella; así el 8 de julio de 1884 se sancionó la ley de Educación Laica, Gratuita y Obligatoria Nº 1420. Pero también debemos referenciar otro día muy caro a los sentimientos de argentinidad como es el 9 de julio de 1816, que fue escrito en las páginas imborrables de esos libros para promulgar, años después, las ansias de emancipación de una nacionalidad.
Estas fechas son momentos que trasuntan un denominador común, cual es la libertad de conciencia como condición sine qua non para transformarse en un ciudadano de libre pensamiento. Ese status al que se le pretendió acceder al hombre común contiene una historia que se escribió de mil maneras por sus innumerables actores. Como toda ley es fruto de la necesidad política pero también como idea política de aquellos hombres que hicieron de su vocación política una virtud ciudadana que trascendió los tiempos. Plasmarla en un texto, resistida hasta el punto de someter a la presidencia de aquel entonces a fuertes presiones con debates legislativos de sólidos posicionamientos en defensas de intereses sectoriales constituyó una autentica epopeya. Su auténtico espíritu republicano venció la intencionalidad cortoplacista y los argumentos que no contemplaban las necesidades de un pueblo que, 68 años antes vio nacer la esperanza que el faro hacia un futuro anhelado se concretaría de manos de la educación. Esta ley cumplió su cometido de manera tal que desde el proceso de su implementación hasta la medición de sus resultados 25, 50 y 100 años después pudimos observar al posicionamiento que tuvo la Nación Argentina en el tema Educación. Las mediciones incuestionables que determinaron la calidad y los efectos educativos sobre todos los aspectos de la educación, demostraron la grandeza de políticos cuando su accionar está exento de las mezquindades de dirigentes y mandatarios. Desde todos los sectores políticos, que son los directos involucrados en los éxitos y fracasos de su accionar, han ponderado con auténtica justicia que esta ley, como otras tantas, reivindicó y reivindica a la alta política. Pero así como tuvo defensores a ultranza también tuvo la infortunada consecuencia de ser destruida desde la más alta investidura de nuestro país para reemplazarla por la ley Federal de Educación. El paso del tiempo demostró que la geopolítica internacional hacia Latinoamérica, en especial hacia los países del cono sur, necesitaba de la herramienta de los cipayos, insustituible especie de políticos nacionalistas y populistas capaces de vender, en este caso la soberanía política en materia educativa para sostenerse en el sillón del poder. El clamor de un pequeño sector del pueblo argentino para que ello no ocurriera fue un grito en el desierto de la noche. El poder económico que sostuvo a las fracciones políticas en la década de los 90, certificó la defunción de la ley 1420, bajo el emblema del progresismo nacionalista.
Hoy a 130 años de aquella histórica sanción, vemos con dolor y con gran impotencia como la educación argentina ha venido sufriendo una constante degradación a tal punto que hoy tenemos que hablar de calidad educativa. En el horizonte, hacia un futuro educativo de excelencia para nuestros niños y jóvenes no se percibe que la clase dirigencial con aspiraciones a acceder al poder institucional del país, demuestre el ímpetu necesario de volver a brindarle ese status de política de estado a la educación que tuvo en los albores de nuestra independencia.
(*) Pedagogo.