El ambientalismo ideológico de Mendoza ha generado un activismo político contra la gran minería, con opiniones condenatorias al desarrollo sustentable y sostiene que la cultura del agua privilegia todas las actividades económicas de la provincia vecina. Toda una paradoja, porque Mendoza tiene una vasta actividad petrolera y petroquímica con efluentes contaminantes y, por otro lado, no se han sistematizado ni modernizado el riego agrícola. Se sigue regando a manto, salinizando suelos y acuíferos, y la red canales pierde un 50% del caudal.
Pero esta cultura ecológica que ha propiciado la prohibición de la minería metalífera -y desata campañas a nivel nacional con advertencias apocalípticas-, es permisiva con otras industrias a pesar de la alta contaminación de sus desechos tóxicos. Es el caso de una empresa que arrojaba nada menos que mercurio a la red cloacal y fue descubierta días atrás por un desborde que llegó a las aguas del canal Cacique Guaymallén. Una investigación judicial espera determinar las responsabilidades de los organismos comprometidos, caso de Obras Sanitarias Mendoza, EPAS (ente a cargo del control), la Dirección de Medio Ambiente y el Departamento General de Irrigación.
Surge el interrogante acerca de cuántas industrias mendocinas dañan la naturaleza de manera irreversible. El ambientalismo ideológico tampoco se ha hecho cargo de las históricas denuncias de vecinos de las fábricas de carburo de silicio, ácido clorhídrico, soda cáustica e hipoclorito de sodio, esta última causante de contaminar con mercurio al agua de riego y consumo que. aunque esta se potabilice, quedan las dudas.
Mientras tanto, la futurología mendocina demoniza a la minería como catástrofe potencial.