En el Boletín Oficial de la Nación se publicó ayer la resolución del Gobierno nacional de iniciar el proceso de liquidación, en un plazo de 180 días, de la empresa Líneas Aéreas Federales (Lafsa).
El caso de la frustrada aerolínea, creada en mayo de 2003 para absorber las operaciones y el personal de las compañías privadas LAPA y Dinar, y después Southern Winds, es un caso paradigmático de inoperancia y de clientelismo estatal.
Lafsa, cuyos accionistas son los ministerios de Planificación y de Economía de la Nación y la empresa Intercargo, también estatal, nunca llegó a volar porque no tuvo aeronaves y, obviamente, jamás prestó el servicio que anunciaron en su momento las autoridades. Sin embargo, la empresa llegó a tener casi 900 empleados, incluyendo pilotos, copilotos, ingenieros de vuelo, personal de cabina y de mantenimiento de aeronaves, más las gerencias de operaciones, técnica y comercial, con elevados sueldos. Compró uniformes y equipos y hasta programó rutas de vuelo hipotéticas con tanta cobertura, que llegaban hasta las islas Malvinas.
La insólita compañía aérea fue una enorme sangría de fondos del erario. La asignación de recursos millonarios siguió de manera puntual en el Presupuesto nacional, a pesar de la decisión de liquidarla en 2005. Nunca le aprobaron los balances de 2004, 2005 y 2006, y una probable defraudación al fisco dio lugar a investigaciones por denuncias privadas y de la Oficina Anticorrupción.
Lafsa queda como un emblema del asistencialismo y del despilfarro político a costa de los contribuyentes.