La intempestiva decisión del Gobierno nacional de irrumpir con mayor representatividad en los directorios de las empresas donde el Estado tiene parte accionaria por intermedio de la Anses, ha generado sorpresa en la opinión pública tanto por el avance sobre la actividad privada como por la utilización de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en momentos que el Congreso de la Nación está en pleno funcionamiento. Debe recordarse que esta norma de excepción fue incorporada a la Constitución reformada en 1994 para hacer frente a una situación de emergencia en momentos de receso legislativo, respetando límites y sujeta a una posterior revisión por parte de una comisión bicameral para su aprobación definitiva.

Desde entonces todos los presidentes que se sucedieron abusaron de esa atribución, algunas de fuerte impacto por sus connotaciones, como es el último DNU de la presidenta Cristina Fernández que modifica la ley de estatización de las ex AFJP para tener mayor presión en el manejo de las empresas comprendidas.

Pero si bien la actual presidenta ha dictado pocos DNU con respecto a los mandatarios anteriores, incluyendo a su marido, lo que también hay que analizar son las motivaciones que los impulsaron. El primero lo firmó en septiembre de 2008, y fue nada menos que para ampliar el presupuesto de ese ejercicio en 36.000 millones de pesos. Pocos meses después, en diciembre de 2009, apeló a un DNU para usar más de 4000 millones de dólares de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública y ahora, con la intromisión ilegal en los directorios en las empresas donde hizo pie la Anses.

En todos estos temas no tuvieron intervención los legisladores, que tampoco han mostrado verdadero interés en ajustar los controles que les compete. Basta señalar que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo no se reúne desde 2007 y tampoco la Justicia ha intervenido puntualmente, ya que los dictámenes sobre irregularidades de los DNU se conocieron años después de finalizados los mandatos de quienes los dictaron. Peor aún, la Justicia impidió que en la nueva integración del Congreso la oposición tuviera supremacía y con una comisión empatada en integrantes donde el estancamiento parece inamovible.

En este contexto se ha dejado a responsabilidad del Gobierno estas importantes decisiones ya que poco harán este año diputados y senadores más preocupados por las campañas electorales que por darle a la Argentina la seguridad jurídica que se construye por el respeto a las instituciones de la República.