Luego de intensas negociaciones entre la Unión Europea, los acreedores internacionales y el Gobierno de Grecia, se ha dado un paso decisivo para rescatar del colapso financiero al socio griego, por lo menos durante los próximos cuatro meses, lapso en el cual las propuestas del presidente Alexis Tsipras deberían estar en marcha.
El nuevo gobierno de Atenas tendrá que presentar antes de fines de abril los detalles de las reformas y cómo va a aplicarlas. Hasta entonces, los acreedores seguirán analizando el cumplimiento de los compromisos para tratar de cerrar la quinta y última revisión del programa de ayuda, bloqueado durante meses. Este paso permitirá el desembolso de 1800 millones de euros pendientes del rescate y haría posible la transferencia de otros 1900 millones que Grecia reclama al Banco Central Europeo, procedentes del rendimiento de los bonos griegos.
Esa prórroga hasta finales de junio dará además tiempo a las partes para negociar un posible acuerdo posterior entre la eurozona, las instituciones acreedoras y Atenas. Son las entidades que conformaban la denominada troika -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional- y debieron resolver una de las crisis financieras más complejas de los últimos años por situaciones atípicas en la magnitud del quebranto. La fórmula de arreglo se basa en el compromiso del gobierno griego a modernizar el sistema fiscal y la administración pública, a reformar la seguridad social, a luchar contra la corrupción y a no revertir ninguna privatización que ya se haya materializado.
A diferencia de las durísimas recetas de ajuste del FMI, que castigan a la sociedad en general, en el caso griego se hace una diferenciación clara de los más pobres para los que se se desmandan iniciativas urgentes y concretas, como también el compromiso de no tocar los salarios de los empleados públicos ni las pensiones, ampliar a toda la población la gratuidad sanitaria, y tampoco subir el IVA. En cambio se reducirán los ministerios de 16 a 10 y eliminará la mayoría de los asesores y las prebendas que vienen gozando los ministros, funcionarios y legisladores.
Si todo se cumple como se firmó, este acuerdo debería ser modelo para rescatar a países donde el despilfarro, la corrupción y el clientelismo político los llevó a la bancarrota.