En mi reciente entrevista con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el mandatario intentó reiteradamente cuestionar los informes de los grupos de derechos humanos de que sus paramilitares han matado a unos 300 opositores en los últimos tres meses. Pero incluso si aceptamos sus cifras, esta masacre debería estar generando una protesta internacional mucho mayor.
Ortega afirmó que la cifra de muertos en las protestas antigubernamentales de Nicaragua fue de 195 personas. Afirmó que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos han dado a conocer cifras equivocadas, porque supuestamente se basan en denuncias de muertes, y no en muertes efectivas. Además, Ortega afirmó que muchos de los muertos eran policías y activistas progubernamentales.

"¿En serio?", le pregunté. Le señalé que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, Paulo Abrao, me había dicho que más del 90 % de los muertos fueron asesinados por los paramilitares del gobierno. Ortega respondió: "Él miente".
Ortega alegó que de su cifra total de 195 muertos, 22 eran policías y 44 eran activistas sandinistas progubernamentales. Cuando le hice notar que eso representaría solo 66 de 195 víctimas, Ortega agregó que "también hay trabajadores del gobierno" entre los muertos, y alegó que muchas de las muertes reportadas fueron "inventadas".
Le dije a Ortega que es difícil "inventar" una muerte, porque siempre hay parientes cercanos que pueden desmentir un informe falso, o la propia persona desaparecida puede aparecer y esclarecer el tema. Además, los principales grupos de derechos humanos han corroborado sus denuncias de muertes.
Pero lo más sorprendente de lo que dijo Ortega en la entrevista con CNN en Español y el Miami Herald es que incluso según sus propia cifras de 66 policías y activistas sandinistas muertos, su régimen sería responsable de la mayoría de las muertes. Eso suena como una admisión involuntaria de culpa, o podría leerse de esa manera en un tribunal de justicia.
Otra cosa que me sorprendió fue la defensa que hizo Ortega de Trump. Aunque los portavoces de la Casa Blanca y el Departamento de Estado han anunciado nuevas sanciones contra el régimen de Ortega, Trump personalmente no ha hablado sobre Nicaragua.
En un momento de nuestra entrevista, Ortega culpó a los Estados Unidos por apoyar un supuesto "golpe" contra su gobierno, pero exculpó a Trump.
Mi opinión: es hora de que Trump se pronuncie personalmente sobre el derramamiento de sangre de Nicaragua, que anule su cruel decisión de deportar a 2.500 inmigrantes nicaragüenses que disfrutaban de la residencia temporal en Estados Unidos, y que le pida a su amigo Vladimir Putin que ponga fin al apoyo económico y político de Rusia a Ortega.
Incluso según el recuento del propio Ortega, esta es proporcionalmente la crisis política más sangrienta de América latina. Debería haber mucha más presión internacional para que Ortega acepte una solución negociada, con elecciones anticipadas.
