En materia de deuda pública global, hay un punto de encuentro conceptual entre la Argentina, el FMI, los bonistas, los foros académicos que se dedican al cultivo del saber económico y la política, y que se deja de ver, en que sin un acuerdo mínimo de satisfacción de los intereses de las partes, la economía no puede alcanzar su punto de partida ordenado hacia una fase de desarrollo macroeconómico. Entonces, desde la voluntaria actitud negociadora para que se motorice la búsqueda de un esquema de satisfacción común elemental, existe como condición previa necesaria, esta importante coincidencia y no hay dudas al respecto. Pero, así como hay semejanzas y coincidencias de voluntad también se registran diferencias y de semejanzas de concepción acerca de la percepción del propio interés de los co-actores del acuerdo en trance de contratación sobre la sostenibilidad de la deuda pública argentina. Desde el lado de los acreedores de la deuda aparece una primera y no menor dificultad que estriba en que el FMI ha planteado que no quiere quitas de capital ni en los servicios de la deuda de su propia acreencia, porque no lo permite su estatuto. Al respecto del estatuto del FMI, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, planteo que el estatuto del FMI prohibe hacer quitas, pero también prohibe prestar para fuga de capitales. Entonces pregunta la funcionaria, ¿Por qué vamos hacer valer una prohibición y la otra no? "apliquen el estatuto del FMI entero”. Solo admitiría un reperfilamiento de los plazos de pago hacia el año del final del mandato político nacional en curso. En concomitancia con esta toma de posición propia, el FMI, hizo saber que vería como plausible que la quita de capital y de los servicios de deuda, sea soportado por los bonistas, sobre todo, en lo relativo a aquellos que tienen sus acreencias en ley extranjera. Hay que tener presente que en materia de canjes con quitas de capital y de intereses los contratos de deuda en ley extranjera indican que se debe alcanzar una adhesión del 75% para que sea obligatorio para el total de los acreedores. De modo que si los bonistas no acuerdan este porcentual de obligatoriedad la cuestión de la deuda quedaría bajo la dicotomía de ser pagada en los plazos y condiciones contraidas, tal como ocurrió en Bs As., o bien, posicionarse hacia un inevitable escenario de default, es decir, de insolvencia de pago. En derivación, es entonces, el primer escollo que tiene el proceso de renegociación de la deuda es esta disidencia entre el FMI y los acreedores privados, esto es, bancos y fondos de inversión. Es crítica esta disidencia porque lo que los bonistas entienden es que hay un doble estándar que beneficia al FMI. La segunda diferencia que hace ruido es que desde la propia política del gobierno nacional en la última semana ha cobrado visibilidad, el planteo de que el FMI también debería afrontar quitas en el capital y los servicios de la deuda, además del reperfilamiento de los plazos de pago. Hilando de nuevo, esta última posición que inicialmente en la gira europea del presidente, no había estado presente, si lo ha hecho en la última semana, a expensas de planteos coincidentes del propio presidente de la nación y de la vice presidenta de la nación. Lo cual habla de que esta disidencia con el FMI no va a ser fácil de obviar ya que, el máximo nivel de la política en el oficialismo, ya ha mostrado tal alegato. En suma, el proceso de negociación de la deuda pública externa se vuelve compleja, lo cual ira exigiendo mayor capacidad en el diseño de los recursos de gestión de la negociación de la deuda pública.
Por Dr. Mario Luna
Prof. Fabián Nuñez