Desde que Argentina comenzó a sentir el impacto de la crisis mundial, con caídas de las exportaciones y del consumo interno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viene exhortando al empresariado a mantener el empleo. La respuesta privada ha sido la contención laboral, sin despidos ni suspensiones masivas.
Lo ha destacado la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, al informar ayer que ahora los empleadores, a diferencia de la crisis de 2001, están haciendo fuertes esfuerzos para no despedir a trabajadores, con una actitud mucho más reflexiva. Sin embargo, el esfuerzo de las empresas carece de una amplia contrapartida estatal y sindical para aliviar la pesada carga de sostener personal mientras disminuyen las ventas, con mayor impacto en las manufacturas y el comercio. La caída de 12,2% anual en la producción industrial de febrero, difundida por la Unión Industrial Argentina, UIA, tiene picos alarmantes en producciones muy competitivas y de gran empleo calificado, como son los metales básicos, la siderurgia y el sector automotriz.
No se sabe hasta cuándo se podrá aguantar las consecuencias de esta crisis global y local, porque no hay pronósticos sobre el deterioro mundial. Pero es indudable que el desequilibrio afecta la calidad laboral, de manera que el empleo no registrado podría alcanzar a fin de año un nivel superior, según sostiene un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
Según el análisis, la informalidad opera como principal vía de escape en los más pobres y vulnerables frente a normas laborales discriminatorias. Idesa observa que "el problema no se resuelve a través de más controles sino con un replanteo de las trabas que dificultan, y en muchos casos imposibilitan, trabajar en la legalidad".
Es que es el propio Estado quien indirectamente promueve el trabajo en negro debido a las altas cargas sociales, las regulaciones complejas y la litigiosidad laboral. Este cuadro potencia los costos del empleo registrado imposibilitando que gran parte de la fuerza laboral trabaje en la formalidad. Al respecto el peso no es compartido entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos, aunque exista un remedio institucional: el anunciado Consejo Económico y Social, un ámbito para plantear los efectos de la crisis y buscar soluciones conjuntas.