En los últimos días, las noticias sobre la usurpación de viviendas, la ocupación de espacios públicos o la toma de escuelas pasaron a estar en el centro de la escena informativa. Nuestro país padece el mal de la anomia y nada indica que esté en camino de superarlo.
Hay quienes han identificado el cumplimiento de las normas con el término "represión” y han marcado este último con una connotación subliminal de ilegalidad, a pesar de que el Estado esté obligado a reprimir cada vez que se produce un delito. Es que reprimir no significa transgredir las normas, sino reponerlas cuando alguien las ha transgredido. Pero no son las autoridades nacionales las únicas responsables de los valores trastocados.
La autoridad de los padres se ha debilitado frente a los hijos. Son los padres quienes no encuentran la capacidad de originar correcciones frente al consumo prematuro de alcohol, la venta de droga en la puerta de las escuelas, como ha denunciado el cardenal Jorge Bergoglio, o la alteración de las horas y lugares de diversión nocturna. Los maestros padecen el temor de reacciones violentas de los padres que con inusitada frecuencia no admiten una sanción disciplinaria o una baja calificación de sus hijos. Los alumnos desconocen la autoridad de sus maestros y profesores, decidiendo incluso la toma de colegios o universidades.
Desde hace varios días los alumnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de la Capital Federal, y ahora los de la escuela de Tamberías, en Calingasta, decidieron tomar los edificios escolares, no permitiendo que quienes tienen el derecho y el deseo de aprender puedan hacerlo. También resulta lamentable que el ministro de Educación de la Nación afirme que "no hay que poner toda la responsabilidad en los pibes”. Duele que la escuela pública sea destruida en forma deliberada, logrando que, aún con esfuerzo económico, los padres tengan que verse obligados a elegir establecimientos privados. Las respuestas dadas frente al atropello de los alumnos, forman parte de un sistema garantista que induce a que quienes frecuentan esos colegios descubran, en esa precaria edad, los beneficios la violencia y los caprichos para el logro de objetivos, protegidos, además, por la impunidad.
La toma de una escuela es un delito, ya que se trata de un bien público financiado con los impuestos que paga toda la población, y supone una flagrante injusticia que se vede el acceso al aula de quienes desean aprender y estudiar.