Fernando Lugo fue destituido por el Congreso mediante un juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución paraguaya que permite a la Cámara de Diputados acusar al Presidente de la República con una mayoría de dos tercios y al Senado declarar su culpabilidad con dos tercios de sus votos.
El 95% de los diputados y el 87% de los senadores apoyaron la destitución, lo que reveló un altísimo nivel de consenso político, lo cual no excusa la inusual e imprudente celeridad del proceso originado en la muerte de 17 personas durante un enfrentamiento armado entre campesinos y policías por el desalojo de tierras ocupadas. Lugo había expresado que se sometía con obediencia a la Constitución y a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias, y luego aceptó la decisión del Congreso, aunque con críticas, por considerar un "veredicto injusto”. Dijo tener información que querían repetir el "marzo paraguayo”, las acciones de 1999 cuando cayó el presidente Raúl Cubas y murió asesinado el vicepresidente Luis María Argaña.
Ahora Lugo, medita presentarse a las próximas elecciones: "Cambiaremos de nuevo la historia, democráticamente, con la ciudadanía. Creemos que la mayoría que obtuvimos en 2008 se volverá a repetir en 2013”. En ese sentido, ha reiterado que su destitución fue "sin duda un golpe de Estado, un golpe parlamentario, un golpe a la ciudadanía y a la democracia”. Además, lamentó que la sociedad paraguaya no pueda fortalecerse en cuestiones democráticas y convivir pacíficamente dentro del disenso, la tolerancia y un sano pluralismo, al calificar su destitución de "cobarde y alevosa”, iniciada por una "derecha peligrosa”. Aludía al Partido Liberal Radical Auténtico, que ascenderá al poder de la mano del vicepresidente Federico Franco.
La democracia es un conjunto de procedimientos, no de resultados. A veces esos procedimientos producen resultados que pueden caer antipáticos. Cuando faltan diez meses para las próximas elecciones presidenciales en Paraguay, parece más adecuado centrar la acción en asegurar una legal y pacífica transición hasta allí que en cuestionar la decisión indudablemente desprolija y apresurada, pero constitucional y abrumadoramente mayoritaria, de un poder democráticamente electo.