Al acuerdo entre entidades que se obligan a cumplir algunas cosas, se lo llama pacto. Se trata de un hecho imprescindible para evitar riesgos sociales y para generar situaciones que hagan al beneficio equilibrado de las partes en juego.
El reciente fallo de La Haya por la contaminación que podría causar la pastera Botnia ubicada sobre el río Uruguay no conformó a la Argentina.
No es un hecho reciente porque el litigio en La Haya -máximo tribunal de las Naciones Unidas- comenzó en mayo de 2006 , luego del fracaso de negociaciones diplomáticas y a partir de una demanda del gobierno argentino por la violación del Estatuto del Río Uruguay de 1975.
Para nuestro país esta violación se produjo a partir de la instalación unilateral e inconsulta de dos fábricas de celulosa, aunque una de ellas nunca vio la luz.
Un enredo propietario. El primer propietario fue el español Ence quien luego de cambiar sus planes vendió su proyecto al consorcio sueco Stora-Enso y al chileno Araujo quienes plantean construir su fábrica a orillas del Río de la Plata.
El fallo de La Haya -que es inapelable- consignó que no hay motivos para el cese de la planta y que el gobierno argentino actual "no dio pruebas" de que la pastera fuera contaminante.
Las reacciones fueron diversas. La diputada Elisa Carrió dijo en conferencia de prensa que "el fallo tiene una contundencia enorme" y que quedó en claro que el gobierno presentó pruebas de "una endeblez absoluta" y pidió que se reflexione, a manera de aprendizaje, que "la defensa de los intereses argentinos debe encararse de otra manera, con suficientes pruebas o, de lo contrario, apelar a la justicia".
Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos, se comprometió a seguir la lucha contra el funcionamiento de la pastera Botnia "en el marco de la legalidad". Además, anticipó en ese momento su participación en la marcha que el pueblo de Gualeguaychú realizará el 25 de abril en el puente internacional José Gervasio Artigas, en rechazo al funcionamiento de la planta de celulosa.
Rubén Giustiniani, senador socialista por Santa Fe dijo que "es una pena que no haya tenido eco en la Corte la posición argentina acerca de la cuestión de fondo, que es el perjuicio ambiental que se le atribuye a Botnia".
En tanto Gerardo Morales (UCR) pidió que se respete el fallo de La Haya y que se preserve la relación con Uruguay.
Hay acuerdos que tienen características de sentencia pero éste no es el caso puesto que a partir de ahora cada medida que quiera tomar Uruguay deberá consultarla con la Argentina. Ello garantiza una participación moral, por lo menos.
Las decisiones nacionales tienen a menudo visos internacionales de allí que la consulta previa elimina posibles desentendimientos futuros. En estos casos, la consulta previa es el paso inicial de todo entendimiento posible.
Uruguay y Argentina tienen más semejanzas que disparidades. Cualquier argentino se encuentra en su propia casa cuando está en Montevideo y viceversa. Ello es tan histórico como reciente.
Lo de la pastera no es un hecho que se tenga que aplaudir pero tampoco hay que usarlo para dividir la tradicional relación de ambos países. El tribunal de La Haya intentó ser salomónico.
Pero siendo La Haya el más alto tribunal de la Naciones Unidas hay que entender -también- que se trató de evitar un conflicto entre dos países miembros de dicho organismo internacional.
Triunfó la sensatez y es muy bueno que así haya sucedido. Los enfrentamientos entre países hermanos no deberían ser posibles en esta época y ya no sucederán a menos que tenga un dictador al frente de uno de ellos.