La vigencia plena de los mecanismos democráticos, y el mayor conocimiento de la ciudadanía sobre como utilizarlos, pusieron a la Justicia en la mira del desempeño tribunalicio. El aumento del delito y últimamente los casos resonantes de corrupción, constituyen una vidriera donde la opinión pública observa con detenimiento la actuación de los jueces, desde los que desestiman o cierran causas en tiempo récord, o los que se refugian en la morosidad crónica dejando caer las investigaciones.
Un reciente estudio de la Universidad Austral, hace una evaluación de la marcha de la justicia, con una estadística que por si sola advierte una situación atípica por las crecientes denuncias contra jueces que son recibidas en el Consejo de la Magistratura, con pedidos de sanciones o remoción por mal desempeño. En lo que va del año ya hubo 275 denuncias, contra las 194 presentadas en 2015.
Actualmente el Consejo tramita 213 expedientes que pueden acrecentar la lista de 29 jueces sometidos a juicio desde 2002 con resultados dispares: 16 fueron destituidos, cinco absueltos y ocho renunciaron antes de que los separaran como el cuestionado Norberto Oyarbide. En la historia judicial argentina hubo 58 juicios políticos a nivel nacional y 45 con destituciones, dice el informe, 27 de ellas o más del 60%, ocurrieron en los últimos 25 años, y compara estos datos con los de Estados Unidos donde en 230 años de vigencia constitucional sólo se han destituido 13 jueces.
Los investigadores señalan que se advierte un aumento de los juicios políticos a jueces en los últimos 25 años, atribuyendo esta situación a un mayor número de situaciones de mala conducta y mal desempeño y también a un relativo mejor funcionamiento de los procesos de remoción a partir de la reforma de la Constitución de 1994. Precisamente esta reforma creó el Consejo de la Magistratura y puso en manos de este organismo el control de la conducta de los magistrados, la evaluación por concurso de los aspirantes a jueces y la administración del Poder Judicial.
El proceso ante el Consejo prevé varias instancias y en cualquier momento el acusado puede presentar su renuncia para que el Poder Ejecutivo la acepte o no. Si la acepta, el proceso se cierra y el juez deja el cargo, la opción elegida por quienes saben que pasarán el jury, pero quieren conservar su jubilación privilegiada.