Las características de las economías regionales son únicas por las particularidades de la producción local y la necesidad de contar con una oferta competitiva en los principales mercados internos y externos, sorteando los actuales escollos planteados por los altos costos del flete, de los servicios y la elevada presión impositiva.

Ninguna medida política agroindustrial de alcance general, para incentivar la productividad nacional, puede beneficiar a las provincias alejadas de litoral portuario y de la pampa húmeda debido a las asimetrías geográficas, fiscales, burocráticas y logísticas que presenta el país. En el marco de la reciente reunión del Consejo Federal Agropecuario, los representantes provinciales hicieron conocer estas inquietudes al titular de la cartera agropecuaria nacional, Ricardo Buryaile, a fin de diferenciar a las economías regionales.

El ministro de la Producción de San Juan, Andrés Díaz Cano, reclamó por el impacto del costo de los fletes en el interior el país, junto con la presión tributaria y los problemas de comercialización, tres puntos claves que frenan a las economías regionales. Tal vez lo más significativo de este cuadro de desaliento, es conocer lo que recibe el productor por sus cosechas y los precios de góndola en los hipermercados. La cadena de intermediación y el encarecimiento del transporte, por un lado, y por otro las cargas fiscales, son determinantes del panorama de quebranto actual.

En este contexto aparece una política de Estado para romper con la desigualdad de oportunidades en las provincias postergadas. El anuncio del presidente Mauricio Macri de un crédito del Banco Mundial para financiar proyectos estratégicos de reactivación, resulta trascendente, como el Plan Belgrano que beneficiará en forma directa a diez provincias, incluyendo a San Juan, para generar condiciones de desarrollo productivo.

Esta asistencia financiera para incluye 1.400 millones de dólares para ejecutar obras hídricas, salud, vivienda social y energías renovables y el acceso al crédito de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), entre otras mejoras para cambiar la subsidiaridad estatal por fuentes de trabajo digno para millones de argentinos.

Es el primer paso hacia los objetivos centrales prometidos por el Gobierno nacional, como ‘pobreza cero” y modernización de las infraestructuras.