El Gobierno nacional buscará mañana derogar las dos leyes que impiden el pago de la deuda a acreedores con bonos no reestructurados en los canjes de 2005 y 2010 que demandaron a la Argentina ante tribunales estadounidenses y obtuvieron tiempo atrás un fallo favorable para el cobro íntegro de sus acreencias.

La gestión de Mauricio Macri cambió el panorama y al alcanzar un principio de acuerdo con los holdouts, se presenta ahora la oportunidad de cancelar la obligación, antes del lunes venidero si antes se derogan dos leyes clave, las llamadas Cerrojo y Pago Soberano. Es decir, avanzar para sacar adelante al país, volver a los mercados internacionales y obtener la financiación que requieren las inversiones públicas y privadas para el crecimiento, requiere la intervención del Congreso de la Nación, lo que impone un entendimiento de oficialismo y oposición para dar lugar al arreglo histórico de la deuda.
En esta coyuntura han surgido las desinteligencias para obtener los 129 votos necesarios para habilitar el debate, tanto por las posiciones ideológicas enfrentadas como por el marcado divisionismo en el peronismo, tanto por negarse a concurrir, según el del kirchnerismo de la bancada, como el de otros disidentes que buscan una suerte de chantaje o canje de beneficios sectoriales para recién dar quorum.
Los legisladores que todavía esgrimen el slogan de ‘patria o buitres” que impuso el gobierno anterior para justificar la absurda posición de revelarse ante un fallo condenatorio de una sede judicial de Nueva York, elegida por el propio kirchnerismo en la última década. Esta cuestión exige responsabilidad institucional, sin anteponer banderismos o sectarismos especulativos, como se advierte en las declaraciones de quienes deben asumir un papel crucial, nada más que para poder empezar la discusión en la Cámara Baja.
No es el momento de revanchismos sino de debate, si la derogaciones de las leyes citadas es el cerrojo que los equipos técnicos quieren abrir para seguir avanzando en una negociación que se muestra favorable para la Argentina. El recinto parlamentario es el lugar para sacarse las dudas sobres los pro y contras de un arreglo que también implica nuevo endeudamiento y si este es conveniente para una apertura a las inversiones que se necesitan para reactivar la economía.