Asombro e indignación ha causado una nueva denuncia sobre la depredación pesquera en nuestras aguas jurisdiccionales del Atlántico sur, no obstante las seguridades que habían dado las autoridades sobre la prohibición de extracciones selectivas, desechando capturas con criterio comercial. De acuerdo al testimonio de un tripulante, acompañado por un video grabado en un celular, el 29 de septiembre pasado se arrojaron al mar casi 10 toneladas de langostinos y otras especies, debido a que el buque había completado la carga.
Según el marinero Martín Triay, del pesquero "Vieirasa 16", el operativo de descarte es una práctica corriente, a pesar de tener un inspector gubernamental a bordo, precisamente para fiscalizar el correcto uso del recurso. Esta vez el repudio comenzó en la propia tripulación contra los operadores de la embarcación que calcularon mal la capacidad de bodega y ordenaron deshacerse del contenido de las poderosas redes de arrastre. Este "desperdicio" se calcula en más de 200 millones de dólares al año, una bofetada a los millones de pobres e indigentes del país y un daño ecológico irreversible si no se adoptan medidas efectivas.
La Auditoría General de la Nación (AGN) interviene desde hace más de una década en el tema y sus informes, con recomendaciones, se giran puntualmente a la Comisión Bicameral Permanente, a fin de que el Ejecutivo adopte las medidas previstas en la Ley Federal de Pesca y señaladas también en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En las últimas auditorías, la AGN detectó un aumento de la explotación sobrepasando los niveles autorizados en metas y disminución de cupos. Y al medirlos, al año siguiente, comprobó que las restricciones para prevenir el riesgo del agotamiento del recurso por sobreexplotación no solamente se habían violado, sino en porcentajes que en algunos casos llegaban al 200%, a lo que se suma lo que se tira al mar por considerarlo "pesca incidental", que suele alcanzar la cuarta parte de la captura, con un impacto anual del 40% sobre la biomasa.
El problema también es social, ya que las flotas-factorías de las corporaciones extranjeras no sólo son las mayores depredadoras sino se llevan el 70% de las capturas y las procesan a bordo, en desmedro de las empresas argentinas de buques "fresqueros", que industrializan en sus plantas en tierra.