Lo que parecía un simple entredicho limítrofe creado por el gobierno de Venezuela para desviar la atención de la grave situación económica y social interna, ha derivado en una crisis humanitaria sin precedentes por las deportaciones masivas de colombianos establecidos como comerciantes a lo largo de cien kilómetros de frontera.
El aumento de la tensión entre Venezuela y Colombia, con el llamado de los embajadores de ambos países y, en particular las amenazas del presidente Nicolás Maduro a su par Manuel Santos, ha repercutido en las Naciones Unidas que sigue con gran preocupación un conflicto inesperado del que son víctimas más de dos mil personas deportadas y otro tanto autoevacuándose para llevarse las pertenencias que puedan, cruzando el río que sirve de límite natural, después de estar arraigados durante décadas en la zona.
La medida ha sido justificada por Caracas como parte de una campaña contra el contrabando y una supuesta actividad paramilitar originada en Colombia. En forma intempestiva Maduro ordenó el cierre del puente internacional que comunica las ciudades de Cúcuta, en Colombia y San Antonio del Táchira, Venezuela, a la vez que sus tropas iniciaron la deportación masiva de civiles colombianos.
En la ONU cifran en 2.000 el número de colombianos que abandonaron Venezuela voluntariamente desde que estalló la crisis y por ello pidió el respeto total de los derechos humanos de todos los afectados, en particular cuando se trate de deportados, y señaló que está haciendo un seguimiento de lo que suceda a través de los organismos dependientes de la organización. Asimismo, ha ofrecido la colaboración y el aporte diplomático y asistencial que pudieran aceptar los gobiernos involucrados.
En la exhortación a Maduro se reclama también garantizar el bienestar de los colombianos que viven en Venezuela, a quienes se les deben asegurar los derechos fundamentales y porque se teme que la política de deportaciones se extienda a todo el territorio venezolano. En el plano internacional los observadores diplomáticos señalan una maniobra del mandatario venezolano, al acusar al contrabando fronterizo como desestabilizador de la economía y de depreciar la moneda chavista.