La Oficina de Competencia de la Comisión Europea comenzó a estudiar si existe abuso de posición dominante de Google en el sector de los buscadores de Internet, ya que fue acusada de penalizar en el ranking de búsqueda a sus potenciales competidores y de mantener los precios artificialmente altos en el mercado de la publicidad virtual. La investigación fue instrumentada en base a la petición de tres empresas que denuncian su discriminación en los procesos de búsqueda y en la política de anuncios adosados.
Google controla el 80% de las búsquedas que se realizan en Europa, por lo que una compañía penalizada por el buscador de forma injustificada sufre una pérdida objetiva en su posición ante el mercado. Por supuesto que no se trata del único problema jurídico que afecta a esta compañía inmersa en un proceso ante los tribunales italianos por la difusión de videos que podrían atentar contra la dignidad de la persona y que, además, se enfrenta en el debate sobre los efectos jurídicos de la digitalización de libros y la circulación de noticias en relación con la propiedad intelectual. Se comprende entonces que el Parlamento Europeo intervenga en materia de libre competencia.
El procedimiento que se ha abierto podría concluir en una declaración de incompatibilidad y de prohibición con la finalidad de impedir la restricción o el falseamiento de la competencia.
Proporcionar de forma gratuita a los usuarios el contenido de los medios digitales es mucho más que ofrecer enlaces a los sitios informativos, por mucho que el buscador se defienda con argumentos formalistas. Se trata de algo no lícito el aprovechar sin contrapartida el trabajo editorial ajeno, que supone la selección, elaboración y valoración de las noticias y que implica un esfuerzo para los medios de comunicación en recursos humanos y financieros.