La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de declarar inconstitucional una ley de amnistía para los presos políticos, sancionada como aporte a la paz social y la reconciliación social en un país acosado por gravísimos problemas económicos y políticos, ha sido una gran decepción para las Naciones Unidas.
La justicia chavista dio lugar a que se concretaran las amenazas del presidente Nicolás Maduro, de vetar la ley aprobada por la Asamblea Nacional en bien de la pacificación del país. En particular, se buscó la liberación de Leopoldo López, arrestado en 2014 por acusaciones de incitar a una ola de protestas antigubernamentales, que nunca se comprobaron, por lo que el nuevo Parlamento, surgido en las últimas elecciones legislativas, esperaba abrir un canal de diálogo entre oficialismo y oposición para encauzar la crisis actual mediante el consenso.
Al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, le cuesta creer el rechazo de la justicia venezolana a la amnistía porque precisamente el Gobierno de Maduro le había pedido al organismo un análisis legal de la ley, y el informe remitido a Caracas demostró que la norma está ampliamente de acuerdo con los estándares internacionales. No obstante la decepción, la ONU ya tenía serias preocupaciones sobre la independencia del poder judicial,
El año pasado el Comité de Derechos Humanos había señalado la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial venezolano, a fin de garantizar su independencia del Ejecutivo y de cualquier grupo político, pero el modelo de la revolución bolivariana dice todo lo contrario, porque los poderes del Estado y la filosofía chavista es el del manejo discrecional de la democracia.