En pleno apogeo de la Revolución Francesa, intentando validar los acontecimientos que más tarde consolidarían a la república, política, libertad y democracia como valores fundamentales, un filosofo manifestó ‘Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se arregla solo’. Lo que sin lugar a dudas este pensador no logró advertir, es hasta dónde el ser humano, al amparo de lo que representa el contubernio de la política, podía llegar.
Por esta razón aún no dejo de observar con perplejidad la noticia que desde todos los medios informativos del país dan cuenta de lo acontecido en la bochornosa asunción de las nuevas autoridades, en algunos departamentos de nuestra provincia.
Quiero recordar, que en el contexto de una discusión, donde se sostenía que los sistemas de gobierno en latinoamérica estaban impregnados de una herencia de absolutismo y corrupción que impedían la libertad, que alimentaban la ficción democrática y que bajo la sensación de sentirse salvadores de la Patria, los llevaba a cometer sistemáticamente los mismos vicios que combatían. Beccar Varela (constitucionalista – presidencialista) preguntaba lo siguiente: ‘¿Cómo se hace para encontrar 3.200 grandes hombres que sean intendentes honestos y 32.000 concejales, para que sean concejales honestos?’.
Deseo rememorar también, que cuando a Matías Rulli (Presidente UIM) se le consultó cuáles deberían ser las funciones de los municipios, manifestó ‘que transitando el siglo 21, los municipios deben dejar de ser simples administradores de recursos y prestadores de servicios, para intentar ser agentes de promoción económica; atender la seguridad de sus ciudadanos; brindar servicios de salud, defender el medio ambiente, generar políticas de desarrollo social y contribuir a mitigar la marginalidad y la pobreza’. Responsabilidades donde bajo el objetivo de una decorosa ‘gestión de calidad’, debía defenderse como consigna ‘Pensar globalmente, para gobernar localmente’.
Reconociendo que lo ocurrido en Caucete desde la arbitrariedad consumada exacerba, debemos reconocer que estos hechos forman parte de una realidad que con distintos matices se dan en todo el país, formando parte de una dañosa concepción, donde la impunidad y el despotismo han terminado por conformar una parte intrínseca de la política partidista.
En este sentido desde un juicio de valor, el problema no sólo se remite al intendente, es inherente al cometido de quienes lo han votado, y desde lo que hace a nuestras responsabilidades como sociedad, parte de esa enorme deuda que nos impide afianzar en calidad, transparencia y valor, el ejercicio de nuestra vida cívica y democrática.
No me extraña que los señores intendentes de esos tres municipios hayan nombrado en cargos jerárquicos a gran parte de sus parientes. De hecho, existen situaciones que desde lo anecdótico resultan mucho más llamativos, infames y viciosos. Tal es así que si nos remontamos a la historia, existió un emperador que en el éxtasis de su poder, adopto la decisión de otorgarle el título de Cónsul a su caballo.
Me preocupa más que el de Caucete haya manifestado que por el hecho de haberse encontrado con un departamento devastado requiere, para gobernar, gente de confianza.
La devastación forma parte de los frutos que siempre se cosechan, cuando quienes al gobernar, no cuentan con los atributos, aptitud e idoneidad que se hacen necesarios. La confianza que es el tema que más me alarma y que guarda relación con los niveles de confiabilidad que el intendente reclama, se resuelven desde la calidad de una gestión que en todo momento debe prestigiar, dignificar y honrar a la política.
La política no se dignifica desde ese lastre de hechos cotidianos que a cada momento nos muestran el enorme grado de devastación moral a la que se ha conducido a la Argentina. La política se honra, desde propuestas, planes y programas de gobierno, pero también desde algunas decisiones, donde la más importante es poder estrechar un cerrojo que sea impenetrable, a todos los ineptos, improvisados, obsecuentes, laderos, testaferros, deshonestos, infames y corruptos que se resisten a aceptar que la política como una herramienta fundamental de la vida democrática, representa un apostolado cuyo objetivo es privilegiar el bien general, el interés nacional y todos aquellos recursos que desde su diversidad, conforman el activo y el patrimonio más tangible de la patria.