Mientras aumenta la polémica por las acciones del autodenominado "Vatayón Militante” y los permisos de salidas de presos para actos políticos, la gravedad de la descomposición del sistema de seguridad demuestra que se hace necesaria su reforma integral.

En Argentina el costo de ser criminal es muy bajo, por ello en períodos de crisis económicas más personas se ven atraídas por la acción criminal. El premio Nobel de Economía 1992, Gary Becker, señaló que los criminales actúan en gran medida teniendo en cuenta el costo-beneficio sobre su accionar. Demostró estadísticamente que la probabilidad de que un delincuente cometa un crimen depende primero, y fundamentalmente, de la certeza de que lo atrapen, segundo de que lo condenen y, por último, de la pena que le otorguen.

De poco sirve adoptar una medida aislada, como aumentar las penas establecidas por el Código Penal, si la policía es incapaz de detener a la mayoría de los delincuentes, si la gente no denuncia por temor al accionar policial o a su ineficacia, si la Justicia no es rápida y equilibrada en su desempeño y si las cárceles son escuelas del delito o lugares de iniciación de la drogadependencia o de contagio del Sida.

El rediseño institucional del Servicio Penitenciario del país debe contemplar la realidad de las grandes diferencias demográficas y distintos patrones criminales. En la actual situación, muchas provincias, con cárceles abarrotadas, tienen presos en comisarías, con el costo y anarquía que esto significa. Las cárceles, que en algunos casos son del siglo XIX, están colapsadas en la infraestructura.

No es bajando la edad de imputabilidad como se resuelve el problema, porque el único resultado que se obtiene con esta política es la utilización delictiva de menores cada vez más jóvenes por mayores que los explotan. En la coyuntura es importante cohesionar a la comunidad en el espíritu de las reformas. Los grandes avances en política de seguridad ciudadana en el mundo se han fundamentado en esta idea: la sociedad civil desea cooperar activamente para lograr una mejor calidad de vida y esto tiene consecuencias inmediatas para el accionar de la autoridad y en la prevención del delito. Pero también es cierto que la reinserción social de los presidiarios no puede seguir ahondando o burlando el dolor de las víctimas o de sus familiares.