ras difundirse las informaciones sobre hechos negativos que supuestamente involucran al juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, hizo una declaración señalando que con estas noticias el periodismo pretende atacar el "núcleo ético” del kirchnerismo, que estaría constituido por el citado magistrado y por Hebe de Bonafini.
Es así que mientras que los ciudadanos son juzgados por sus actos y no por su curriculum o antecedentes personales, con afirmaciones como las de Horacio González pareciera no estar permitidas las noticias u opiniones que envuelven a personas públicas, como alcanza en esta oportunidad a un prestigioso penalista. Ni tampoco que la opinión pública pida que se investigue a fondo todo lo relacionado con las actividades económicas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la que forma parte Hebe de Bonafini y del trabajo que desarrollaba Sergio Schocklender, a quien consideraba su "hijo adoptivo”. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y, por lo tanto, deberían ser considerados en consecuencia, cuando deben responder ante la Justicia por sus actos, o ante supuestos ilícitos.
Privilegio es un término que deriva del latín, indicando un beneficio que se obtiene por estar encima o por fuera de la ley. Se trata de un concepto reñido con el estricto sentido de la justicia, que no es más que "darle a cada uno lo que le corresponde”, según sus principios. Es por ello que en este último tiempo la sociedad argentina contempla con preocupación que en ciertos casos, la absolución o la impunidad no es precisamente una lección de justicia cuando la lentitud o los intereses circunstanciales muestras sospechas o evidencias que afecta el respeto hacia la instituciones.
Por otra parte, en el denominado "caso Skanska” -una obra pública rodeada de múltiples sospechas de irregularidades-, a partir de una auditoría realizada por peritos de la Corte de Justicia, el ministro de Planificación, Julio De Vido concluyó que nunca hubo sobreprecios en la construcción de un gasoducto y le reclamó públicamente al juez federal Norberto Oyarbide que dicte el sobreseimiento correspondiente.