Sigue el debate social sobre el proyecto de ley para liberar el consumo y cultivo de marihuana, ahora limitado al ámbito privado según fallos de la Corte. La nueva iniciativa se inscribe en un contexto en el que la Argentina pasó de ser un país de tránsito a país de producción y consumo. La cocaína, en su última etapa, sale de laboratorios ilegales y cambió la naturaleza del negocio: de ser de logística ilegal a un negocio de consumo masivo. En busca de controlar el territorio, los narcos penetraron en todo el país por vía de la corrupción y el lavado, crearon un ejército de jóvenes adictos y promovieron las represalias con muerte violenta. Así, el narcotráfico hizo de la Argentina el primer consumidor de cocaína y marihuana de América latina.
La despenalización sólo va a agravar la situación por diversas razones. Decirles a los jóvenes que no está penalizado consumir drogas ilegales en la vía pública es un mensaje contundente que impacta en la aceptación social, baja el umbral de riesgo percibido por el consumidor y genera un metamensaje que dice que no está mal drogarse. También es obvio que la droga va a ser aún más accesible porque tenerla en pequeñas cantidades, como la trafican los dealer, ya no será delito, y al reducir los costos del tráfico en su último eslabón seguramente bajará el precio.
El 2,8% de los adultos consume cocaína con regularidad, un millón de personas y más del 8% consume marihuana, niveles de prevalencia similares a EEUU y España. Quienes promueven la ley argumentan que si una persona en privado quiere drogarse se ampara en el artículo 19 de la Constitución. Pero esto tiene consecuencias en la vida y bienes de terceros y efectos dañinos contra la vida de los propios consumidores.