Fernanda tiene 16 años. Un día como tantos se paró en la puerta de su casa a esperar que su madre terminara las tareas del hogar para ir juntas a una reunión del Polo Obrero. Hasta ahí, la normalidad absoluta en esa casa del Gran San Juan. El problema llegó con dos hombres que viajaban en una camioneta. El rodado paró su marcha y de él bajó uno de los ocupantes. El sujeto lanzó lo que para él, a su interpretación, fue un piropo. Para la adolescente fue un insulto. Fernanda dio la espalda al extraño, en una clara indicación de disgusto por lo dicho. Lo que ella no calculó fue que de la camioneta bajó el cómplice del primero. La alzaron, la subieron al rodado y se la llevaron, así de simple. Fernanda apareció dos horas más tarde violada y golpeada. Sufrió en el hecho, pero también después, al contar lo ocurrido. Lo relató a su familia, luego a una mujer policía, más tarde a un abogado y, seguramente deberá hacerlo ante un fiscal o un juez, o ambos. Toda una tortura. La chica quiere que el servicio dé Justicia y no al revés. El caso de Fernanda es como el de todas las víctimas de violación. Sufrimiento en el hecho, y sufrimiento luego, cuando el Estado empieza a actuar. Existen herramientas para que el periplo de Fernanda no sea como un Vía Crucis; algunas se usan y otras no. En el año 2000 se creó el Programa de Asistencia a la Víctima del Delito que disponía de la creación de un gabinete interdisciplinario para asistir a las personas que sufrieron algún tipo de ataque: sexual o de otro calibre. Hasta el momento, nada, la ley duerme en algún cajón de un escritorio oficial. El que tiene plata, busca asistencia particular. Y el que no, implora asistencia judicial, que no alcanza.
La ley 7011 se sancionó en épocas de la Alianza, creando el Programa de Asistencia a la Víctima del Delito. El proyecto iba a quedar en manos del entonces Ministerio de Salud y Acción Social pero en el año 2002 y a propuesta de quien en ese momento era diputado provincial, Daniel Tomas, la norma se modificó y se ordenó que el órgano de aplicación fuera la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Salazar. La ley disponía que a través de profesionales, se hiciera un diagnóstico a las víctimas de delitos. Con ese estudio ordenaba la atención emocional a través de psicólogos, asesoramiento legal y ayuda social si se justificaba. Se le hicieron algunas modificaciones al texto original, pero todavía no ve la luz. La Subsecretaría de Derechos Humanos depende del Ministerio de Gobierno, órgano a cargo de Adrián Cuevas. Y antes, durante mucho tiempo ese sillón fue ocupado por Emilio Fernández, quien corre con la mayor responsabilidad, justamente por el tiempo que estuvo en el cargo. Cuevas recién asume.
No solamente está el caso de Fernanda. Hay más. En el año 2008 encontraron muerto con un balazo al taxista Mauricio Adrián Vega. Hubo caravana de sus compañeros de empresa en el desfile del 25 de Mayo de ese año. Hubo conmoción social porque a días de haber ocurrido ese homicidio hubo otro: el de un comerciante de motos en Rawson. Los docentes de la escuela a la que iba el hijo de Vega, solicitaron ayuda psicológica para el menor de 6 años en ese momento. Fueron a la Policía, al Ministerio de Gobierno y también al de Desarrollo Humano, y nada, absolutamente nada. Como el chico era de escasos recursos no pudo recibir ayuda del Estado. Nadie se hizo cargo. Si la ley 7011 hubiese estado operativa, ese chico recibía la misma ayuda que una persona que tenía los recursos para pagarse lo que el Estado no puede dar.
La contrapartida se da en el caso de las víctimas del karateca Osvaldo Arena, condenado esta semana a 40 años de prisión por el abuso sexual de 4 niñas de 15, 12, 10 y 8 años al momento del delito. Según los abogados, al menos 3 de las víctimas recibieron asistencia psicológica. No fue del Poder Ejecutivo, el auxilio llegó desde la Secretaría Social de la Corte de Justicia. Hay que reconocer también que la Cámara Gesell ha venido a auxiliar estas situaciones. Los menores son sometidos, con profesionales, a interrogatorios que son filmados y luego, en los juicios, se utilizan esas filmaciones para no obligar a las víctimas a volver a contar la experiencia ante extraños. Un adelanto.
Como los casos de Fernanda y el hijo de Vega, hay miles. No todos se conocen porque no se hacen públicos. El Estado tiene herramientas para actuar una vez que la prevención falló. Las tiene que utilizar. Para ello hace falta gente capaz de emprenderlo. El servicio de Justicia se aplica en todo el poder de la palabra. Si la víctima pedía 20 años para su agresor y un Tribunal otorga 25, pero en el camino torturó a la víctima, ya no hay justicia. Los 25 años no sirven para nada y el Estado, en definitiva, estuvo ausente dos veces: al permitir que el agresor ataque, pero también al no trabajar con el agredido. Lo último: el periplo de Fernanda y el hijo de Vega, ¿ayudan a que la gente denuncie más?