Luego que el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, instara a hacer piquetes contra los distribuidores de gas en garrafa, la rectora del Liceo Rojas de Capital Federal, encabezó los piquetes que organizaron sus alumnos y afirmó que "el país se arregla con piquetes".
Resulta triste que un funcionario y la directora de una escuela apoyen este método de protesta totalmente repudiable. Se repiten cada vez con mayor frecuencia episodios que culminan en cortes de calles, rutas, ocupación de espacios públicos o agresiones a las fuerzas del orden. En muchos casos, la importancia del reclamo no guarda proporción ni tiene relación con el método elegido. Se busca la mayor repercusión pública aunque implique un grave daño al ciudadano que nada tiene que ver con el conflicto. La impunidad de quienes emplean la violencia se muestra abiertamente cuando marchan cubriendo sus rostros y portando palos. El propósito amenazante y la transgresión comienzan con estas actitudes.
El Gobierno porteño propició reprimir los piquetes y cortes de calles pero el argumento populista de arrogarse la defensa del pueblo y el derecho a reclamar dejó de lado los derechos de la comunidad afectada. Se empleó el término represor para el agente del orden que quiera cumplir con sus funciones. Manifestarse públicamente, con demandas y protestas es una garantía inalienable, pero la misma categoría tienen los derechos que se conculcan con algunas formas de protesta. Es decir que el derecho que tienen los que protestan no se ejerza a expensas de otros, ni con un atropello al resto de la sociedad. La ley existe para todos. Es un principio esencial de un sistema de convivencia democrática y civilizada.