Las vidas de un periodista en Honduras, la esposa de un legislador en Ecuador, un sindicalista en Colombia y un médico en Panamá han tenido un fin común en semanas recientes a manos de asesinos a sueldo, una modalidad criminal que ha crecido raudamente en América Latina y que desafía los sistemas nacionales de seguridad pública.
El sicariato o asesinato por encargo ya es un fenómeno regional que desvela no sólo a presidentes como Alvaro Uribe, Felipe Calderón o Alan García. También es tema relevante en los discursos de Rafael Correa, Laura Chinchilla, Porfirio Lobo y Ricardo Martinelli; así como en editoriales de La Nación de Buenos Aires o Listín Diario en Santo Domingo.
En Honduras un Observatorio de la Violencia contó 1719 víctimas de sicariato en 2009; en Cartagena, Colombia, donde se inauguró una línea telefónica para denunciar homicidios por encargo, se registró la semana pasada la víctima número 60; mientras el gobierno de Táchira, en Venezuela, ya contabilizó 285 casos este año.
El desafío mayor es que la violencia y la falta de una respuesta eficaz del Estado, no solo amenazan la seguridad ciudadana, sino también la gobernabilidad democrática de la región, como dice un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras destacar que Latinoamérica posee los índices de criminalidad más altos del mundo.
Esto es justamente lo que busca evitar el gobierno de Correa en Ecuador, desafiado a actuar tras el aumento del sicariato en ciudades importantes como Guayaquil, donde el 63% de la gente teme ser víctima de sicarios. No solo se está reglamentando el uso de motocicletas vehículo típicamente usado por sicarios- como en Honduras, sino también creando unidades élites de policía, con la cooperación de Francia y Colombia, y se promueve una reforma legal para tipificar el delito agravado de sicariato, suprimir la reducción de penas y disminuir la edad de imputabilidad de menores de 18 años.
Estas políticas más rígidas, que también figuran como estrategia del gobierno panameño, y que aparentan ser medidas disuasivas contra los violentos, están reñidas con estándares interamericanos de derechos humanos. En su informe de mayo, la CIDH pide pasar de políticas públicas represivas a preventivas para combatir el crimen, advirtiendo que la presión punitiva o aplicar el derecho penal de adultos a menores, son medidas de ineficacia histórica.
Las evidencias también muestran que el uso de fuerza militar suele acarrear violaciones a los derechos humanos, como en México, Colombia o El Salvador. Y se cree que medidas más punitivas pondrían en jaque a los frágiles sistemas carcelarios, como el de Guatemala, que colapsaría en caso de tener que absorber más reos.
Lo que sí queda claro es que debido a la globalización del crimen, las respuestas deben ser integrales con la cooperación internacional. En el primer diálogo sobre seguridad a fines de mayo entre EEUU y los países del Caribe se habló de responsabilidad compartida, medidas preventivas más allá de la actuación policial y militar, además de intercambio de información, inteligencia, entrenamiento policial y propuestas para reformar sistemas judiciales.
Sin embargo, para que sea viable este nuevo enfoque de cooperación internacional, se deben enmendar las relaciones diplomáticas rotas o débiles en un continente que todavía está jironado y dividido por las ideologías de turno. Y esto, en particular, constituye un monumental desafío para los gobiernos latinoamericanos.
"EL DESAFÍO es qué hacer con tantos delincuentes, cómo evitar que las cárceles sean escuelas del crimen o qué hacer con las leyes, porque las actuales no sirven y las que se quieren promulgar no se recomiendan.”