Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina el desempleo habría ascendido en un año de 10,6 a 13,6%, y los trabajos de indigencia treparon del 10,4 al 12,9 por ciento.
Estos indicadores afectan al 26,5% del trabajo en grandes centros urbanos, sumando más de 4 millones de excluidos que reflejan la pobreza. La situación muestra la persistencia de un problema estructural: el modelo económico no garantiza pleno empleo ni adecuada inclusión social. Que la coyuntura recesiva haya agravado la situación no significa que la explique, como tampoco la reactivación resolverá los problemas. No se logró en cinco años de crecimiento del PBI a 9% anual, y menos ahora, con una recuperación lenta e inestable.
Las cifras del desempleo sólo representan una parte del problema: Todavía el 53% de los asalariados o cuentapropistas está al margen de la seguridad social. Este hecho no sólo es grave por la ilegalidad y la evasión fiscal, sino porque más de 6 millones de trabajadores no acceden a los derechos sociales universales. Sólo un 40% logra un empleo pleno de derechos, mientras que el 60% padece los desequilibrios de la desafiliación social. La mayoría teme perder el trabajo sabiendo que le sería muy difícil acceder a otro de igual calidad.
Solucionar la crisis que afecta a nuestra sociedad implica reconocer su complejidad, lo cual exige nutrir al Estado y a la sociedad civil de información confiable para objetivar el problema. Este panorama no se revierte con medidas aisladas, ni tampoco con políticas ajenas a los grandes consensos sociales.