Correa lanzó el 6 de este mes el "Periódico Popular: El verdadero”, un medio impreso destinado a "informar la verdad” a las clases populares, con una inversión de fondos públicos de 16 millones de dólares, que busca contrarrestar la ineficiencia periodística y el déficit de u$s 6 millones de "El Telégrafo”, otro diario estatal bajo su administración.

Piñera, en cambio, vendió a fines de agosto Chilevisión, canal de su propiedad, líder en audiencia, ratings y rentabilidad. Fue una promesa de campaña electoral que también incluyó la venta de un 26% de la empresa de aviación LAN. El propósito, ante el pedido de la oposición, era evitar conflictos de interés en su dualidad de presidente y empresario. Después de asumir el 11 de marzo, Piñera debía ceder el canal, bajo el supuesto de que ese medio podría ser beneficiado con publicidad oficial, manipular información o servirle de plataforma propagandística. Además, Chilevisión corría el riesgo de perder objetividad o de no poder fiscalizar bien a su propio patrón; lo que se le achaca todavía a "La Nación”, diario sobre el que el gobierno chileno mantiene un 69% de propiedad.

Si bien no es ilegal ser presidente y dueño de un medio de comunicación, la calidad institucional que Chile ha alcanzado implica cuidar las formas, ya que la democracia se construye sobre la base de hechos, pero también de ejemplos y percepciones. Así lo defendió el Senado, cuando congeló nombramientos en el Consejo Nacional de Televisión y rehusó debatir el futuro de la televisión digital, hasta tanto Sebastián Piñera no se desprendiera de su canal.

En Ecuador, la inconsistencia no es casual, sino premeditada. El predicar que la información es un bien público y no un derecho humano le ha permitido alegar a Rafael Correa que ésta, en manos privadas, sólo persigue fines espurios y desestabilizadores, por lo que debe ser controlada por el Estado. Así impulsa un proyecto de Ley de Comunicación, en su alucinación sobre que los medios no deben tener fin de lucro y en las campañas de desprestigio en contra de la prensa critica, pagadas con dineros públicos.

El gobierno de Correa, con "Periódico Popular” -concebido no como medio público sino para competir con la prensa- y otra veintena de medios que ha creado o confiscado, concentra la mayor cantidad de medios, pecado que siempre le endilgó al periodismo al que califica de burgués e imperialista. A su doble moral la justifica argumentando que sus medios dicen la "verdad”, la que otros callan o tergiversan. Justamente esa "verdad” es la excusa que presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Néstor y Cristina Kirchner, esgrimen para sancionar leyes que les permitan cerrar o limitar a medios críticos, crear los propios, comprar privados a través de testaferros o manejar otros a voluntad, práctica agravada por el uso de recursos públicos.

Los medios estatales, sin criterio público, siempre tienden a crear competencia desleal. Sus déficits son cubiertos con fondos públicos como el caso de "El Telégrafo”, privilegiado con publicidad oficial, no fiscalizan ni transparentan actos de gobierno y sirven de órganos de propaganda, por lo que la "verdad”, no es más que la versión oficial. En el seminario sobre Diarios Populares que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ofreció la semana pasada en Lima, se recordaba el nefasto uso que el ex presidente Alberto Fujimori hizo de su "verdad”, manipulando y comprando a medios propios y ajenos. Su objetivo era eternizarse en el poder, lo que en definitiva es el fin de los medios en manos del gobierno.
"EN DEMOCRACIA, los gobiernos están restringidos a utilizar medios estatales como si fueran propios y obligados a manejar los medios públicos con pluralidad y diversidad para dar cabida a todas las voces.”