Desde hace mucho tiempo los pobres oyen teorizar sobre el hambre. Pero en un país donde cada día mueren ocho niños por desnutrición, se necesitan hechos concretos y gestos solidarios. Son 2.300.000 personas las que esperaban este acuerdo. Son 360.000 familias que no tienen garantizada su comida las que están esperando que el resto del país, fragmentado y envuelto en un clima ríspido, les preste atención.
Pero también es necesario señalar que sin un registro único y público de beneficiarios de planes sociales, cualquier iniciativa será vulnerable al clientelismo. No hay ningún esquema que permita controlar que no lo cobren quienes tienen otros beneficios nacionales, provinciales o municipales. El plan tiene varios puntos oscuros, ante todo porque es una verdadera exacción a los actuales jubilados. Las nuevas prestaciones las pagarán los trabajadores aportantes, de manera que el superávit de la Anses esta vez tampoco será para pagar a los actuales jubilados. Y menos impide el clientelismo, ya que corresponderá a una decisión discrecional decir quién tiene un hijo discapacitado o no, quién cumple el resto de los requisitos o no y el control de una comisión bicameral no es operativo. Las bases de datos no serán públicas. No habrá manera de saber si quien figura como desocupado lo es o no, y si ya recibe planes sociales. Además, reclama papeleo que facilita la corrupción, porque presentar el DNI de padres e hijos para cobrar el beneficio es condenar a muchos a no tener nada. En algunos distritos renovar un DNI perdido o dañado tarda más de un año.
Los esquemas de asistencia generalizada a personas discapacitadas, como jubilaciones por invalidez o aumento de las asignaciones familiares generaron estadísticas que hicieron que la Argentina tenga, para el cobro de compensaciones, más inválidos que países que sufrieron guerras. En el actual proyecto nada asegura que no vuelva a ocurrir. El esquema tampoco es universal porque plantea exclusiones, y la más obvia es, además, que el sistema actual en que se basa, tampoco comprende a todos los hijos de los asalariados formales.