Nada sorprende en este continente de fuertes contradicciones. Por un lado, los gobiernos democráticos ponderan el sistema conformado por la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por darle esperanzas a los más vulnerables que pueden acceder a la justicia cuando esta les da la espalda en sus países.
Pero, por otro, casi como en las mejores épocas de dictaduras y autoritarismos, cuando las víctimas callaban por temor a sufrir mayores represalias, los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones financieras, negando los aportes para que el sistema subsista y sea eficiente. La semana pasada la CIDH hizo un duro cuestionamiento. Si no recibe los aportes comprometidos ante la Convención Americana de los Derechos Humanos, deberá despedir a 40 de sus 78 empleados.
Aunque alguna magra partida aparezca, igualmente decidió suspender las visitas de investigación, además de sus audiencias de julio y octubre próximo, en detrimento de las víctimas. También afectará casos de feminicidios en Argentina, homicidios de estudiantes en México, crímenes de odio en Brasil, rechazo de aborígenes en Ecuador, asesinatos de homosexuales en EEUU, esclavitud de niños en Bolivia y desplazamiento de campesinos en Colombia.
Esta crisis no es solo un problema financiero, sino político. El debilitamiento actual de la organización es el mismo resultado que persiguieron sin éxito varios gobiernos populistas, en especial el de Hugo Chávez y del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Las represalias de Correa y Chávez surgían cada vez que se les denunciaba por abuso de poder, ya sea por tener presos políticos, ejercer fuerza bruta contra manifestantes o no permitir que la CIDH visite sus países para confirmar violaciones. Ambos usaron la excusa de que el sistema era un ariete del ‘imperio” para debilitar sus democracias. Propusieron que la CIDH no recibiera donaciones privadas o de gobiernos europeos y Correa pretendía una CIDH más dócil o crear una nueva institución. No tuvo eco entre varios presidentes, aunque envalentonó a algunos, como a Nicolás Maduro, quien cumplió con el objetivo de Chávez, retirando a Venezuela del sistema interamericano. Pero su salida no fue política, sino económica porque abandonó la responsabilidad de indemnizar a las víctimas. Se ahorró 9.700 millones de dólares.

La crisis económica de la CIDH siempre obedeció a represalias de los gobiernos por opiniones y decisiones que les resultaban desfavorables. Desde Ecuador que cortó el apoyo porque la CIDH había opinado contrario a la Corte Suprema de ese país que benefició a Correa con una demanda millonaria que debían pagarle cuatro periodistas, hasta la ex presidenta Dilma Rousseff, cuando la CIDH se opuso a la construcción de una represa en el Amazonas que afectaría a tribus autóctonas.

Creo que el conflicto tampoco pasa por los aportes gubernamentales. Los gobiernos también tienen la obligación de incentivar a mecenas privados para que entiendan la importancia del sistema. El ejemplo más relevante es Ted Turner, el fundador de la CNN, que en su momento donó mil millones de dólares a la ONU, resolviéndole problemas que hasta entonces eran perpetuos. Salvar el sistema interamericano de derechos humanos debería ser una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado.