Toda acción directa parcializada, impuesta para resolver conflictos, es una medida extrema que impide cualquier negociación y por ello llegar al consenso del cual se nutren las decisiones de fondo, en cualquier tema, y para el bien de todos. Esta simple fórmula para escuchar exposiciones sectoriales con sentido común, más si son cuestiones complejas como es el caso de una reforma educativa, no la tuvieron en cuenta quienes tomaron edificios escolares como actitud intempestiva de presión.
Es este marco de intolerancia se desarrolla un tema en discusión por parte de las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires con las del Gobierno nacional por una reforma que busca imponer en todo el país, en el ciclo secundario, para establecer un número determinado de especializaciones que difiere de los actuales en la jurisdicción porteña. Se trata de un proceso lento de adaptación, previsto para ponerlo en marcha el año que viene, si hay acuerdo, en las escuelas que adhieran voluntariamente como una transición, para darle carácter obligatorio en 2015. Es decir, el replanteo curricular tiene más de dos años para ser ajustado mediante el diálogo y el debate.
Ante estas instancias, resulta inadmisible que un grupo de activistas del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Acosta se haya arrogado la defensa de la educación pública, interrumpiendo la actividad en casi una decena de colegios de la Capital Federal, mediante la toma de los edificios. La radicalización de la protesta juvenil, que podría descomprimirse en el curso de esta semana, perjudica a casi 7.500 alumnos que deberán cursar en diciembre los días de clase perdidos, según anticipó el Gobierno de la Ciudad.
En un Estado de derecho hace muy bien a la educación que los chicos alcen su voz para consensuarla con todas las opiniones inherentes a las adecuaciones de los programas, pero siempre dentro del espíritu democrático del que son parte los padres, los docentes y las autoridades encargadas de canalizar las propuestas superadoras.
Las presiones estudiantiles de minúsculos grupos politizados son parte del retroceso de la calidad de la educación argentina, según las evaluaciones en pruebas internacionales y de las deserciones que se producen, precisamente, en el nivel de la enseñanza secundaria.