La intromisión del polémico juez federal porteño Sebastián Casanello en la investigación judicial por el derrame de líquido cianurado, ocurrido el 13 del corriente en la mina Veladero, hasta llegar a un río cordillerano con probabilidad de contaminar las aguas, ha dado lugar a un hecho sin precedentes en San Juan.
El mediático magistrado, conocido por quedar a cargo de la investigación del supuesto uso de facturas adulteradas por parte de firmas del empresario Lázaro Báez, pretende también asumir competencia en Jáchal, donde el juez provincial Pablo Oritja, con sede en ese departamento, abrió el proceso a dos días del incidente en el yacimiento iglesiano, ante una denuncia del Gobierno sanjuanino. Casanello basa su arremetida en una supuesta interjurisdiccionalidad, que no es tal, ya que cualquier perjuicio que pudo causar la solución cianurada se limitó a los ríos Las Taguas, Protrerillo y Blanco, a unos 2000 kilómetros de la Capital Federal.
Pero aún si hubiese perjuicios fuera de San Juan, la territorialidad señala a Oritja como el juez interviniente por jurisdicción en Jáchal e Iglesia y por sentido común. Por algo el magistrado local se adelantó en las actuaciones y requisó todos los elementos que incluso lo llevaron a dictaminar, por ejemplo, en rehabilitar el funcionamiento de la planta de Barrick. Es más, en el hipotético caso de esgrimirse la ley nacional de residuos peligrosos, complementaria del Código Penal, con competencia de la Justicia Federal si se afectan a las personas o al ambiente más allá de la provincia donde se hubiesen generado, también la territorialidad es indiscutible.
También hay un antecedente irreprochable, cuando tiempo atrás el fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, se declaró incompetente en una denuncia contra la minería, presentada por un grupo de ambientalistas ideológicos, ya que entendió que no hay interjurisdiccionalidad. Es decir, un supuesto delito se investiga en el lugar dónde sucedió.
Lo más sorprendente de Casanello es hacer lugar a la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, alarmada por el derrame de cianuro, cuando no dicen nada del Riachuelo, una cloaca a cielo abierto, la contaminación del Río de la Plata, que abastece de agua a once millones de habitantes, tampoco del arsénico y metales pesados en las napas freáticas del agua en áreas bonaerenses, ni del desastre ecológico en el Delta. Tuvo que intervenir la Corte de Justicia en 2008, para ordenar el saneamiento del Riachuelo y todavía no se logra.