Las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal indican un incremento delictivo del 40% en los últimos diez años. Más allá de los números o porcentajes que se digan, resulta irrefutable que diariamente se cometen numerosos delitos (asaltos, arrebatos, escruches, narcotráfico, etc.), según lo refieren los medios de difusión locales.
A ello se le suma la creciente violencia doméstica, barrial y deportiva, además de los frecuentes ataques sexuales.
Frente a este fenómeno preocupante, no podemos endilgarles toda la responsabilidad a los organismos comprometidos con la seguridad pública en la provincia de San Juan, puesto que como todo fenómeno social complejo, tiene varias líneas de abordaje, y como tal existe un consenso acerca de que es una cuestión que debe solucionarse de forma conjunta e integral.
El sistema judicial criminal se muestra por si solo incapaz o insuficiente para resolver la necesidad de disuadir al delincuente. Como sostiene el gran criminólogo Van Dijk: "Prevención del delito son todas las políticas, medidas y técnicas, fuera de los límites del sistema de justicia penal, dirigidas a la reducción de las diversas clases de daños producidos por actos definidos como delitos por el estado”. De allí viene, que cada vez más se amplíe el accionar policial, aumenten las sentencias condenatorias judiciales y la población carcelaria, sin embargo el delito sigue su escalada ascendente.
Existen en la provincia de San Juan, zonas más sensibles que otras al accionar delictivo. La prevención situacional ambiental es una vertiente clave de la cual se debe prestar atención para reducir las probabilidades fehacientes de delitos y disminuir la posibilidad cierta de reincidencia.
En este sentido es de vital importancia la conformación de un Mapa de Riesgo, término más apropiado que el de mapa del delito, que nos indica lo que ya ocurrió, es decir el histórico, el delito que se cometió, pero no proyecta lo que ocurrirá en el futuro.
Este mapeo del riesgo, si es efectuado correctamente, recolectará información sobre los delitos cometidos a personas o bienes, en áreas determinadas, sean estos denunciados o no. Allí se podrá determinar cuáles son los eventos recurrentes que más afectan a los vecinos. La información recolectada es una clave importante para planificar respuestas eficaces para resolver los problemas que se plantean en el área determinada.
No sólo eso, sino que es necesaria la cooperación e involucramiento de todas las áreas de gobierno, al ser una realidad que ningún funcionario o intendente descuidará algún espacio que lleve al fracaso de su gestión. A modo de ejemplo positivo, es innegable la contribución disuasiva del delito que realiza el personal del estacionamiento controlado (ECO) en el microcentro de la ciudad capital.
Además, las obras y mejoras de infraestructura optimizan la seguridad de determinadas zonas, como la iluminación, apertura de calles, cámaras de videovigilancia (con protección o alarma antivandálica), desmalezamiento, etc. Instalación en las terminales o paraderos de transporte público de pasajeros, de
pantallas con adecuada publicidad, incluso de casos reales de aprehensión de delincuentes.
Asimismo, un diseño armonioso y atractivo desarrolla un sentimiento de pertenencia entre los pasajeros habituales quienes se involucran más en su cuidado lo que en última instancia evita actos de vandalismo. La iluminación no resulta menos importante, debe ser lo suficientemente intensa como para replicar las condiciones de visibilidad del día. La ampliación de accesos y calles es importante para disminuir la sensación de impunidad. Esta reducción puede ser efectuada sobre las instalaciones, cerrando o abriendo aquellos sectores y pasajes poco iluminados. Esta táctica tiene una doble ventaja: se evitan espacios vacíos de vigilancia formal e informal y se impide gran parte de los actos vandálicos que son cometidos en ausencia de otros individuos. Este tipo de medidas tiene que ver con incrementar el esfuerzo que el delincuente debe realizar para llevar a cabo el ilícito. Una de las formas es disminuyendo los aglomeramientos. Está comprobado que el nivel delictual aumenta cuanto mayor es la acumulación de personas.
El personal policial deberá ser empleado para la tarea que ha sido formado, la vigilancia y el control social y no destinarlo a funciones ajenas como la encuesta y estadística, al existir dependencias en el Estado Provincial con capacidad para brindar esa información.
En definitiva, la solución radica una vez más en que el Estado adopte una actitud proactiva, a partir de estadísticas reales y mapeo del riesgo, anticipándose mediante el uso de la inteligencia criminal preventiva y combatiendo el delito consumado; tarea esta que apunta al compromiso de todos los organismos públicos, al ser el delito un fenómeno multicausal, única forma que contamos para superar la sensación de inseguridad que indiscutiblemente se percibe y que afecta en mayor medida a los sectores mas vulnerables.