Colombia es un país con una institucionalidad paradójica: por un lado es reconocida la democracia que gozan sus ciudadanos y por otro tiene un problema estructural desde hace más de 50 años sin que el Estado lo pueda resolver. La presencia de la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace que las garantías constitucionales están condicionadas por la guerra que el Gobierno mantiene con los sediciosos a pesar de los numerosos intentos de paz.
En este contexto la libertad de expresión ha sido castigada por las denuncias e investigaciones del periodismo independiente, que ha tenido como consecuencia la persecución de los subversivos para silenciar a los medios mediante el asesinato de varios periodistas. La impunidad existente motivó la presencia en Bogotá de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a fin de imponerse sobre la situación y exponer sus inquietudes al presidente Juan Manuel Santos.
El mandatario ratificó a la SIP su irrenunciable compromiso a favor de la libertad de prensa, pero reconoció que la impunidad es una crítica válida que se le hace, ante las fallas funcionales de un país que busca la paz después de más 50 años en guerra. Santos aseguró que no hay voluntad de impunidad, sino una distorsión estructural que trata de resolver. No obstante, la misión encabezada por Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del diario peruano La República, expresó a Santos su satisfacción por los avances de los últimos años en materia de libertad de prensa en Colombia.
Tras reconocer las fallas que tiene el país en materia de justicia, el presidente colombiano se mostró abierto a recoger recomendaciones sobre acciones que su gobierno podría adoptar para que varios casos impunes contra periodistas tengan justicia, se sepa la verdad y se repare a las víctimas. Dijo que la reforma de la Fiscalía que se concretó el año pasado ya dio frutos, pero que es su compromiso impulsar mejoras que tienen que ver con la priorización de casos.
La historia de periodistas colombianos asesinados por difundir la verdad es muy larga, pero lo realmente preocupante es que los tiempos judiciales se agotan. Los últimos periodistas asesinados, Guillermo Cano, Orlando Sierra y Nelson Carvajal, investigados por la SIP, entre otros, corren riesgo de tener la misma suerte que la del periodista y político Álvaro Gómez Hurtado, asesinado durante la administración de Ernesto Samper, caso impune que prescribirá en noviembre próximo y por el que habrían pasado 29 fiscales.