Todos los días nacen muertos 7.200 bebés en el mundo. En 2015 se reportaron 2,6 millones de nacidos muertos. Hasta aquí los fríos datos a los que recurrimos cuando queremos ponerle rostro humano a los números. Entendemos que en su vínculo con la verdad, los números nos permiten asomarnos a la realidad y su contracara: la verdad. Por eso ofende tanto al ciudadano común cuando se acallan. Pero la verdad, cargada de destino, siempre emerge.

Una de esas realidades que no ocupan el lugar deseable en la agenda de salud, es la alarmante cifra de nacidos muertos, lo que Richard Horton (revista The Lancet), llama "epidemia del dolor". Entre los obstáculos para reducir la muerte fetal, está el subregistro de estos decesos, muchas veces consecuencia de algo entendible como es el dolor de las familias, que hacen duelo hacia adentro. El Estado subsidiariamente y con mucho respeto, debería instar su inscripción en el Registro de Defunciones Fetales, conforme la Ley 26143. No sólo es importante para prevenir las muertes fetales el conocer los números y las causas, sino para garantizar el derecho a la identidad. Tratar igual a los iguales es lógica consecuencia de la virtud de la Justicia. Esta igualdad de trato se sustenta en evidencia científica aportada por la Biología: la vida que palpita en el niño en brazos de su madre, comenzó con la fecundación. A partir de allí, el desarrollo por el que atraviesa se da como proceso continuo, gradual y progresivo. El nacimiento con vida es el final de ese desarrollo y constituye un jalón en la biografía personal, pero para llegar a él debemos remontarnos a la vida intrauterina. Por lo tanto, los nacidos sin vida merecen el mismo tratamiento del resto de las personas: un nombre que lo identifique, inscripción en el registro de defunciones, inhumación y sepultura acorde a la dignidad de su condición humana. Al respecto, una de las recomendaciones de UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación (2010-2012), destacaba la necesidad de cambio de prácticas en los sectores vinculados a la denuncia de defunción, entre ellos a los padres y encargados de registros civiles. En cuanto al destino final de los restos hay criterios disimiles y no siempre responden a las exigencias de trato digno e igualitario.

Debemos hacernos cargo de la vulnerabilidad garantizando a través de mecanismos legales un destino final digno, evitando las fosas comunes o el tratamiento como desechos patológicos. La muerte de un hijo ya sea en su etapa intrauterina o después del nacimiento es una de las pérdidas más dolorosas. No registrar su muerte, no inscribirlos o hacerlo como "NN", o no darle una sepultura, no sólo los invisibiliza sino que demuestra la indiferencia del Estado y la falta de empatía social. Son desafíos que nos interpelan y para afrontarlos debemos empezar amigándonos con las Matemáticas que sólo expresan a través de números, la verdad.